Para callar las voces opositoras, en Venezuela se llevaron a cabo miles de detenciones forzadas en el marco de las elecciones generales de julio de 2024.

Un año después de la criticada victoria electoral del chavismo, Amnistía Internacional difundió bajo qué situaciones se llevaron a cabo las detenciones, las cuales llegaron a dos mil 229, entre las cuales 926 continúan privadas arbitrariamente de su libertad y al menos 45 fueron forzadas.

A través del informe “Detenciones sin rastros. El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, la organización presentó el caso de 15 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, la mayoría por motivos políticos.

En concreto, se detalló que las personas detenidas lo fueron por haber participado en protestas, haber sido ubicadas cerca de éstas o de zonas de relevancia política, transportar a personas de alto perfil político, ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, ser periodistas críticos o defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con el informe, la estrategia del gobierno para llevar a cabo las detenciones siguieron patrones recurrentes: las personas eran, en muchos casos, inmediatamente incomunicadas o se negaba u ocultaba su detención y paradero; además, se les negaba las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, privándoles del derecho a la defensa adecuada, a ser escuchadas por un juez imparcial, a conocer los cargos o las pruebas en su contra y se les acusaba de delitos graves y ambiguos como “terrorismo”, por el supuesto de ejercer algún tipo de oposición o crítica en contra del gobierno.

Bajo ese modus operandi, las autoridades violaron lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, que establece que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez en un plazo no mayor a 48 horas, a través de una audiencia conocida como audiencia de presentación. En ella, el juez evalúa la legalidad de la detención y decide si la persona debe ser sometida a un proceso penal.

¿Quiénes han sido desaparecidos en Venezuela?

Entre algunas de las detenciones registradas a través de la Operación “Tun Tun”, para neutralizar supuestos “terroristas” y “golpistas”, destaca el caso de Rory Branker, editor del portal de noticias La Patilla. El objetivo de su captura fue castigar a su medio, conocido por su línea editorial crítica hacia el gobierno.

El pasado 12 de julio, La Patilla difundió que la familia de Branker calificó su detención como un “grave atentado contra la libertad de prensa y los derechos humanos”, asegurado que fue privado de libertad sin motivo, sin acceso a un proceso justo y sin garantías legales.

“¡Exigimos una respuesta inmediata de las autoridades competentes y que se nos permita constatar su estado de salud física y mental!”, se publicó el pasado jueves en la cuenta de X Liberen a Rory Branker.

La detención del abogado y activista sindical Eduardo Torres también destaca entre los aprehendidos por las autoridades venezolanas.

Torres fue detenido por su labor en defensa de los derechos humanos y su vinculación con la organización no gubernamental PROVEA. Una semana después de su detención, el ministro del interior aseguró que PROVEA, junto a otras organizaciones como Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Posible, formaban parte de una presunta estructura “terrorista”.

Sobre el caso de Jorge Guanares, Amnistía Internacional no ha podido establecer con certeza cómo, cuándo ni dónde se produjo su privación de la libertad. No obstante, dadas las circunstancias en las que se perdió su rastro el 2 de agosto de 2024, existen indicios de que podría estar relacionada con su postura abiertamente opositora al gobierno y su participación tanto en manifestaciones como en actividades de conteo de votos durante la jornada electoral.

“Por lo visto lo estaban amenazando. Él estaba publicando mucho por las redes todo lo que estaba pasando. Sacó muchas fotos de las ‘guarimbas’ (manifestaciones) y de cómo maltrataban a los jóvenes…Él denunciaba todo. Fue a San Cristóbal a ver a Maria Corina (Machado, quien lideró la campaña en contra de la reelección de Nicolás Maduro en la presidencia) y publicó un video en sus redes personales”, declaró para Amnistía Internacional uno de los familiares de Guanares.

El involucramiento del Estado en las desapariciones 

De acuerdo con información analizada por la organización humanitaria, en la mayoría de los casos de desapariciones forzadas en el país, los funcionarios que las llevaron a cabo iban identificados con ropa oficial o los vehículos en los que se transportaban tenían el logo del Estado.

Para que se configure una desaparición forzada, ésta debe ser “cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización y el apoyo del Estado”, según la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas.

Damián Rojas, por ejemplo, fue detenido por numerosos sujetos vestidos de civil en vehículos y motocicletas sin identificar. Su familia confirmó que la operación se llevó a cabo por la policía antidrogas del estado Lara.

La familia de Rojas lo fue a buscar inmediatamente después a las instalaciones de la unidad antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana, quienes habían llevado a cabo su detención. A pesar de que lograron ubicarlo, al día siguiente habría sido trasladado a Caracas sin informar a su familia las razones de su detención ni traslado.

Casi un mes después, el ministro del Interior anunció que su detención se dio por formar parte de una “operación terrorista” para “atentar contra la paz en Venezuela”.

Entre los delitos con los que el chavismo detiene a voces opositoras incluyen invitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.

Al cierre del  informe, de las 926 personas que continúan presas “bajo condiciones insalubres, precarias y sin atención médica”, se registró la muerte de al menos cuatro personas mientras se encontraban bajo custodia del Estado. 

Información. Reporte Índigo.