Por más de 150 años toda persona nacida en Estados Unidos fue considerada ciudadana de la Unión Americana; sin embargo, el pasado 20 de enero el presidente Donald Trump proclamó el fin de ese derecho.

El pasado 27 de junio, el deseo del republicano avanzó positivamente, luego de que la Suprema Corte le dio al mandatario una victoria en su lucha por implementar sus órdenes.

En su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump emitió una orden ejecutiva que prohibía a las agencias federales emitir documentos que reconocieran la ciudadanía de personas nacidas en Estados Unidos, a menos que uno de los padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente del país. El decreto presidencial eliminaba de facto la ciudadanía por nacimiento, establecida en la décimo cuarta enmienda de la Constitución estadounidense tras el fin de la Guerra de Secesión, por lo que entidades demócratas y grupos pro inmigrantes demandaron al gobierno federal en una serie de casos que llegaron hasta la Suprema Corte.

Si bien el proceso legal en un principio detuvo las intenciones presidenciales, las órdenes judiciales que bloquearon a nivel nacional la aplicación de la orden ejecutiva fueron limitadas por el máximo Tribunal por considerarla ilegal. Argumentó que es obligación del Ejecutivo seguir la ley, pero consideró que el Poder Judicial no tiene la facultad para “hacerlo cumplir esta obligación”.

Con ello, las tres órdenes judiciales que frenaban la implementación de la medida a nivel nacional dejan de aplicarla en todo el territorio y se limitan a las 22 entidades que buscaron protección legal por considerar que la orden de Trump vulnera sus derechos e impone una carga injusta a sus finanzas.

El presidente Trump calificó la decisión de la Suprema corte como un fuerte golpe a la “estafa de la ciudadanía por nacimiento”; sin embargo, la doctora Silvia Núñez García, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, opina que la decisión de la Corte no entró en materia legal del decreto presidencial, sino acotó las facultades de los juzgadores federales, por lo que su decisión terminará convirtiéndose en un debate entramado en el propio federalismo estadounidense.

“La Suprema Corte de Justicia, en su decisión, no abordó la constitucionalidad del tema, pero con ello deja en manos de los estados la decisión de si el derecho a la nacionalidad por nacimiento sigue siendo universal o no”, señala la especialista en la región.

Si el fallo de la Suprema Corte limitó el poder de los jueces para emitir órdenes “universales” que contravengan el poder del Ejecutivo, también dejó abiertas otras posibilidades de amparo y dio un plazo de 30 días para que entre en vigor lo decretado el 20 de enero, por lo que se esperan litigios en tribunales menores.

Estados Unidos no es el único país en favorecer el derecho de sangre

Mientras el presidente Trump considera el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos como una victoria para su administración en más de una materia, las entidades afectadas y grupos de derechos humanos ven en el mandato de la Corte una nueva batalla para mantener un derecho que, de impedir su ejercicio, afectaría a 150 mil recién nacidos cada año, de acuerdo con los estados demandantes.

Pese a ello, la doctora Núñez García asegura que Estados Unidos no es el único país que sostiene una política de este tipo. De hecho, la nacionalidad por nacimiento, o ius soli, es una anomalía y se presenta en menos de 40 países en todo el mundo; sin embargo, la académica explica que la polémica en el caso estadounidense se da porque el mundo estaba acostumbrado a ver a Estados Unidos como un país de inmigrantes y desde afuera no consideraba la nacionalidad como un campo de batalla política cuando al interior la cuestión ya era debatida.

No obstante, Estados Unidos ha construido su historia con base en flujos migratorios. De acuerdo con la Oficina del Censo, actualmente la población nacida en el extranjero que reside en la Unión Americana está en su punto más alto, pues 47.8 millones de inmigrantes constituyen el 14.3 por ciento de la población del país. El debate sobre quién sí y quien no forma parte de Estados Unidos se da como preámbulo a un cambio poblacional que tiene la tendencia a aumentar la influencia política de los migrantes de segunda generación.

¿Quiénes son los migrantes de segunda generación?

Actualmente, los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos componen el 27 por ciento de la población infantil, 20 millones de infantes cuya nacionalidad fue dada como derecho al momento de nacer, un “regalo profundo”, según el presidente Trump, y cuyos beneficios se multiplican conforme crecen en el país.

La doctora Núñez García comenta que, a pesar de que los contextos diferencian las experiencias de los grupos que llegan al país, los migrantes de segunda generación crecen como ciudadanos en pleno derecho y obtienen mejores oportunidades de educación, trabajo, vivienda y salud que sus padres o migrantes de primera generación. Estos beneficios que otorga la ciudadanía están en el centro del debate migratorio con el que los estadounidenses reconfiguran tanto su identidad nacional como su relación con el mundo.

En tanto la administración Trump mantiene el fallo de la Corte como una victoria política, legal y cultural, abre la puerta a la implementación de otras políticas detenidas en los tribunales. Una encuesta realizada por Ipsos a mediados de junio pasado señala que la mayoría de los estadounidenses no está a favor del fin de la ciudadanía por nacimiento; el 52 por ciento se opone al cambio de la décimo cuarta enmienda, mientras que solo el 24 por ciento está a favor.

Si bien el debate por la ciudadanía estadounidense continúa un  proceso de judicialización que atraviesa los límites del federalismo y la división de poderes, la investigadora del CISAN señala que el tema se convertirá en un asunto político-electoral en la siguiente elección. 

Información. Reporte Índigo.