Uno de los grandes pendientes, incluso histórico, con los trabajadores mexicanos es el acceso a la justicia laboral. Al menos así lo evidencian las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)a través del Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Federal.

En dicho reporte, se informa que, de noviembre de 2020 a diciembre de 2024, el Poder Judicial de la Federación (PJF) abrió 60 mil 258 expedientes en materia laboral y de los expedientes en los que se admitió la demanda, se solucionaron sólo 23 mil 207, en el mismo periodo, lo que significa que 61.5 por ciento de los casos no han sido resueltos.

Además, se consigna que los expedientes laborales abiertos en juzgados estatales aumentaron un 12.2 por ciento. Lo que quiere decir que sigue existiendo incumplimiento a los derechos de los trabajadores y, por lo tanto, denuncias al respecto.

Las cifras mencionadas representan un gran pendiente para los derechos laborales de los trabajadores del país. Pese a que se han reformado aspectos relacionados con la mejoría de las condiciones de trabajo de los mexicanos, el problema radica, esencialmente, en la aplicación de esas garantías por parte de los empleadores, que pueden ser empresas particulares e incluso órganos de gobierno.

Expedientes abiertos pero no solucionados

En general, el crecimiento del número de expedientes en materia laboral ha sido progresivo a partir de 2021: el mayor incremento de expedientes abiertos se observa de 2022 a 2023, con 116.5 por ciento.

Tan sólo en 2024, se abrieron en el PJF, 25 mil 20 expedientes y se solucionaron 10 mil 561. Lo anterior representó un aumento de 19.4 y 17.5 por ciento, respectivamente, al comparar con 2023.

En el caso de las entidades federativas, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024, los Poderes Judiciales -estatales (PJE) abrieron 292 mil 419 expedientes en materia laboral mediante todos los tipos de procedimientos.

De los expedientes competentes y en los que se admitió la demanda, solucionaron 86 mil 532, es decir, sólo el 29 por ciento. El resto sigue esperando una sentencia. Específicamente, en 2024, se abrieron 120 mil 325 expedientes y se solucionaron 36 mil 108. El aumento fue de 12.2 y 18.5 %, respectivamente, al comparar con 2023

¿Cuáles son los sectores más denunciados?

El Inegi agrega en su informe el sector de la rama o materia industrial involucrada en las demandas laborales que contabiliza. Las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales presentaron la mayor cantidad de expedientes abiertos, con 45.2 por ciento del total. Siguieron las industrias manufactureras, con 32 por ciento, de 2020 a 2024.

En el mismo periodo, en el ámbito estatal, la mayor cantidad de expedientes abiertos fue en el sector de información en medios masivos, con 6.4 por ciento. Comercio al por menor fue el segundo más frecuente, con 4.8 por ciento.

Desinterés en marco jurídico laboral

Varios factores juegan en el hecho de que haya un bajo porcentaje en la resolución de casos en materia de justicia laboral. Así lo considera el abogado Diego García Saucedo, especialista en Derecho Laboral, quien señala que se trata de un tema complejo que involucra responsabilidades a distintos niveles.

“Si comparamos el número de juzgados de lo civil y lo familiar con el número de tribunales laborales, nos daremos cuenta de que no existe el mismo interés en el desarrollo de infraestructura y personal para los temas laborales. Lo laboral es como el patito feo del Derecho, porque existe poco interés en ello”, opina.

Explica que el tema de la celeridad afecta tanto a trabajadores como a patrones. Por un lado, los trabajadores no tienen la resolución a las demandas que presentan, y por otro lado, los patrones siguen pagando una comisión de salario y los servicios de abogados.

Destaca que existe un concepto que es la contingencia pasiva, que hace referencia al gasto que tienen las empresas o los empleadores derivada de acciones del pasado, como es el caso de los salarios caídos cuando un proceso legal se extiende por mucho tiempo.

“Mientras más rápido se solucione el caso es mejor para ambas partes. El problema radica en que no existe el personal suficiente para que los procedimientos sean más rápidos”, agrega.

El abogado ejemplificó la situación con el actual conflicto que enfrentan los trabajadores despedidos de las juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales empezaron a cerrarse tras la apertura de los Tribunales Laborales: “es la paradoja de la justicia laboral, quienes trabajaban en la impartición de la misma, ahora exigen que se respeten sus derechos como trabajadores”.

Esperan durante años

El Inegi revela que, a nivel nacional, 51.4 por ciento de los juicios laborales de tipo ordinario se resolvió en 120 días hábiles o menos. Sin embargo, quienes se dedican a la asesoría y defensa de los derechos de los trabajadores argumentan que la mayoría de los casos tardan, incluso, hasta 15 años.

Alejandra Sepúlveda, impulsora de la asociación Trabajo Digno, asegura que un juicio laboral puede tardar entre cinco y seis años y cuando la resolución llega a la institución o empresa, pueden pasar hasta 15 años sin que se cumpla la obligación con los trabajadores afectados.

“Esto desanima a los trabajadores de utilizar estos mecanismos legales. Según la encuesta del Inegi, muchos casos se resuelven en conciliación, y sucede porque los trabajadores y sus abogados saben que son juicios laborales muy largos, pero se resuelven en detrimento hacia los trabajadores”, explica.

Los mecanismos legales a los que se recurre para defender los derechos laborales son muy lentos. Aunque anteriormente las juntas de Conciliación y Arbitraje tenían un carácter protector de los trabajadores, ahora los tribunales laborales son espacios que no han mejorado el tiempo de respuesta.

Gobierno también incurre en faltas

Sepúlveda destaca que en Trabajo Digno, ayudan a trabajadores al servicio del Estado por ejemplo en la Ciudad de México al menos el 45 por ciento de los trabajadores no cuentan con derechos laborales, es decir, seguridad social, estabilidad en el empleo, no tienen un reconocimiento formal.

“Nosotros hemos utilizado las demandas laborales como herramienta en contra de despidos injustificados o por falta de reconocimiento de la relación laboral”.

Y explica que en las dependencias públicas hay un pasivo laboral, es decir una deuda que se tiene por juicios laborales muy grande, “a pesar de que un tribunal ya dio un reconocimiento a los trabajadores y condena a la reinstalación o al pago de salarios caídos, en el conjunto las instituciones públicas de la ciudad tardan años para cumplir los juicios laborales”.

“Sabemos que a los trabajadores por honorarios les piden firmar un documento en el que se reconoce que no han demandado al gobierno de la ciudad. Cuando un trabajador demanda y luego quiere ser contratado nuevamente mientras está su proceso legal, en realidad existe un fichaje o boletinaje para evitar su contratación”, revela Alejandra Sepúlveda, quien también es militante del Movimiento de Trabajadores Socialistas.

Reforma laboral queda a deber

La reforma laboral, publicada el 1 de mayo de 2019, se presentó como una alternativa amplia, histórica y profunda basada en tres pilares: un nuevo Sistema de Justicia Laboral, libertad y democracia sindical y un Centro Federal de Conciliación y Justicia Laboral.

En el apartado específico del nuevo sistema de justicia laboral, el sitio web del gobierno señala que “antes de demandar, será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo. Para ello, se crean Centros de Conciliación Laboral integrados por profesionales capacitados en medios alternos de solución de conflictos.

“De no lograr conciliar, las partes podrán acudir a los Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial, con juicios orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez”.

Sin embargo, lo que parecía ser una alternativa para mejorar los tiempos de resolución y garantizar a los trabajadores el acceso a la justicia laboral, no ha logrado los objetivos planteados.

Al respecto, el abogado Diego García Saucedo, considera que un factor determinante es el presupuesto que destina el gobierno para los asuntos laborales y para ejecutar todos los mecanismos y procedimientos que la reforma laboral publicada en 2019, contemplaba.

“Al echar a andar los tribunales (laborales) se necesita más gente para desahogar los casos, además de lo que implica ese trabajo como los espacios e insumos”, explica el abogado laboral Diego García Saucedo.

El especialista en Derecho Laboral asegura que los cambios se iniciaron adecuadamente, pero con el paso de los años y la aparente falta de interés y acciones concretas, se está cayendo en la misma dinámica de antes.

La información oficial señala que los tribunales de Justicia Laboral en México son parte de un nuevo sistema de justicia laboral que busca mejorar la resolución de conflictos laborales. Este sistema incluye 32 tribunales federales y 40 centros de conciliación locales.

‘Hay un rezago vil’

A partir del 17 de noviembre de 2019, las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejarían de recibir demandas, y los nuevos tribunales asumirían esta función y desaparecerían una vez que concluyeran su rezago.

“En la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México hay un rezago vil, desmantelaron la junta sin cerrar, tenían que haber desmantelado después de que se cerraran todos los procesos en la junta, pero no. Hay miles de expedientes abiertos”, reclama Alejandra Sepúlveda, de Trabajo Digno.

Dijo que se tenía la idea de que la reforma laboral pudiera agilizar los procesos legales y se propuso que los salarios caídos, es decir los salarios que se pagan al trabajador en cuanto se resuelve el juicio, se cortaran a un año.

“Se supone que con la creación de los tribunales iban a ser más rápidos, pero esto no está pasando y esto va en contra los intereses de los trabajadores y al servicio de los patrones”, advierte Alejandra Sepúlveda, impulsora de Trabajo Digno

Como Trabajo Digno demandamos al DIF de la ciudad en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por reconocimiento de la relación en 2019 y en el 2025 no tenemos sentencia. Es una situación sistemática Ahora los procesos laborales, previos a la reforma laboral están avanzando de una manera muy lenta.

“Les están dando (a los patrones) la posibilidad de que puedan despedir con impunidad, porque al fin ya les van a pagar menos tiempo de salarios caídos”, asegura.

Información. Reporte Índigo.