Con el voto de la diputada del PVEM, Luz Itzel Mendo González, y de las panista Noemí Márquez y Angélica Casillas, se perfilan para el archivo las iniciativas de reforma que buscaban establecer en la norma local la obligación del Estado de ofrecer servicios de interrupción del embarazo de manera gratuita y segura para las mujeres.

Aunque por disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe la obligación para que en los centros de salud se garanticen los servicios a las mujeres que deciden abortar, y que la propia gobernadora Libia Dennise García ha asegurado que en Guanajuato se ofrecen, el PAN y el PVEM se manifestaron en contra de que quede establecido en la legislación local.

La diputada del PVEM dijo que su partido está a favor de la despenalización del aborto voluntario, por lo que darán su voto a favor de la reforma al Código Penal, pero no están de acuerdo en que las clínicas de salud públicas ofrezcan los servicios gratuitos y seguros a las mujeres que deciden abortar.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, señaló que al no establecer en ley los servicios de interrupción de embarazo para las mujeres en los hospitales públicos solo se acentúa la desigualdad, porque solo aquellas mujeres que tengan los recursos económicos podrán viajar a otros estados para practicarse abortos seguros.

Además, la diputada que es una de las principales impulsoras de la despenalización del aborto voluntario, los servicios de salud y la educación sexual y reproductiva, lamentó que en el Congreso de Guanajuato no se legisle con perspectiva de género.

La bancada panista, a través de la diputada Noemí Márquez, señaló que debe reconocerse la dignidad desde la etapa embrionaria.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.