A unos días de celebrarse la jornada electoral judicial, el país se encamina hacia una elección fantasma. Una contienda que ha estado marcada por la falta de promoción institucional, campañas modestas y un creciente desinterés ciudadano. 

De inicio, miles de candidatos que compiten por una plaza en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y en los institutos locales han enfrentado todo tipo de adversidades, como la escasa promoción, recursos limitados y un sesgo institucional que les cerró el camino para darse a conocer. 

A ello se suma el descontento que existe contra la reforma judicial por parte de varios sectores de la población, así como hacia esta contienda electoral, la cual ha sido señalada en diversas ocasiones de estar amañada, debido a la aprobación de varios perfiles vinculados al poder o incluso por su cercanía con grupos delictivos.

Además, el clima de violencia en varios estados del país considerados focos rojos ha mermado las campañas electorales de aspirantes que han tratado de darse a conocer por sus propios medios y a contracorriente ante las diversas reglas que se establecieron. 

Pese a esto y con el tiempo encima, aspirantes a jueces, magistrados y ministros han tratado de sacar adelante una campaña electoral considerada histórica, la cual podría convertirse también en una elección con poca participación ciudadana. 

Reporte Indigo entrevistó a candidatos a jueces, magistrados y ministros de la SCJN, quienes confirmaron un escenario difícil, no solo este casi mes y medio de proselitismo, si no también por su temor a que la gente no salga a emitir su voto en las urnas el primero de junio. Todos coinciden en que el rival a vencer es la apatía y desinterés ciudadano en todo el país sobre estos comicios, cuya difusión ha sido limitada tanto por autoridades electorales como por instancias de gobierno.

De acuerdo con estimaciones preliminares que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE) al inicio de este 2025, entre ocho y 15 millones de personas podrían acudir a las urnas el primero de junio, votos que servirán para reestructurar la primera parte del PJF que prometió la administración federal desde el sexenio anterior. 

Esta proyección de las autoridades electorales, en caso de confirmarse en las urnas, representaría una participación de entre el 8 y hasta el 15 por ciento del Padrón Electoral únicamente, en el mejor de los casos, el cual se encuentra conformado por poco más de 100 millones de ciudadanos. 

El proceso electoral, además, ha estado plagado de señalamientos por la rapidez con la que se asignaron las candidaturas en apenas unos meses, así como por la falta de planeación para una elección de esta naturaleza, en la que los competidores, en su mayoría, eran ajenos a una dinámica política de este tipo.

Sin reglas claras y campañas de desprestigio

Para Guillermo Pablo López Andrade, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el escenario que enfrenta es por demás complicado por varias razones, entre ellas la falta de prerrogativas, los topes presupuestales y otras reglas que han debido acatar.

El candidato no renunció a su trabajo en la SCJN, ya que aseguró que ha tenido que financiar con recursos propios las actividades proselitistas que ha realizado durante estas semanas de promoción.

“Hemos vivido una campaña de ataques basada en injurias y mentiras. Sí, el PJF necesitaba cambios, pero eran necesarios en otras áreas y no en la forma en que se planteó esta reforma constitucional”, refirió Guillermo Pablo López, candidato a ministro de la SCJN.

Sobre el abstencionismo que se ha advertido en fechas recientes, López Andrade reconoció que la escasa o nula promoción de esta contienda ha afectado a todos, además de la campaña de desprestigio impulsada desde la administración anterior.

“Ha sido muy difícil levantar el interés de la ciudadanía y mucho más difícil convencer a las personas de las propuestas que hemos presentado. Me han externado muchas personas que no van a votar, incluso una jueza me comentó que no aboga por el voto en la próxima elección”, alertó Guillermo López. 

Alfredo Narváez Medécigo, candidato a magistrado en materia administrativa por el Distrito 1 en la alcaldía de Iztapalapa, dijo a este diario que aún existe desconocimiento por parte de la población sobre los cargos que están en juego, lo cual podría resultar peligroso, especialmente a unas semanas de que se lleve a cabo la jornada electoral.

«Falta que se entienda que los juzgados en materia administrativa supervisan que la administración cumpla con sus obligaciones. Lo que ofrezco es aplicar la ley con total imparcialidad y sin preferencias de ningún tipo”, sostuvo el candidato capitalino. 

El aspirante coincidió que enfrentan un reto enorme debido a lo complejo que resultó ser la contienda electoral, por lo que ha tratado de ser creativo con su campaña con propuestas muy enfocadas en mitigar la corrupción, además de ofrecer una ruta de trabajo viable y sin problemas que sean “irreales”. 

“No vamos a permitir más alegatos de oreja, es decir, que un litigante tenga acceso a un juez sin que la otra parte lo sepa. No voy a recibir a nadie si no está presente la otra parte; eso va a reducir la corrupción”, dijo Alfredo Narváez Medécigo, candidato a magistrado por el distrito de Iztapalapa.

En las últimas semanas, principalmente en redes sociales se ha llamado a boicotear la jornada electoral que se llevará a cabo el primer día de junio bajo el argumento de que todo el proceso ha sido desaseado y lleno de irregularidades. 

Será la elección ‘más lenta’ 

Para este proceso, el INE anticipó ya un proceso de votación más lento y complejo, a causa de diversos factores que no se presentaron en contiendas anteriores.

De acuerdo con cálculos presentados, cada ciudadano podría tardar en promedio nueve minutos con 17 segundos en emitir su voto, casi tres minutos más que en elecciones anteriores. Sin embargo, hay proyecciones más pesimistas que apuntan a que el tiempo podría superar los 20 minutos por persona debido al elevado número de boletas que deberán revisarse.

Y es que el 1 de junio, las personas que asistan a las casillas recibirán seis boletas para elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales y jueces de distrito. 

Para mitigar los riesgos de saturación y garantizar que el proceso se lleve a cabo sin contratiempos, el INE logró una ampliación presupuestal de 800 millones de pesos, orientada principalmente a la capacitación de funcionarios de casilla y la instalación de 84 mil centros de votación. Aunque hubo voces de consejeros que alegaron que a pesar de esto, el dinero fue insuficiente.

Proselitismo sin dinero ni reflectores

En medio de estas irregularidades, Jonathan Moisés Ortiz Ramírez, candidato a juez civil en el Distrito Judicial 01 de la alcaldía Gustavo A. Madero, coincidió que las campañas electorales han tenido múltiples dificultades. 

Esto, afirmó, ante la falta de presupuesto y límites que estableció el INE, por lo que ha tenido problemas en dar a conocer sus propuestas de manera individual y de forma colectiva. 

Ortiz Ramírez compartió que este proceso se ha caracterizado por la ausencia de financiamiento público y una regulación estricta en la promoción de candidaturas judiciales, lo que ha exigido creatividad y compromiso por parte de todos los aspirantes.

“Es una campaña totalmente diferente. Tiene cierta complejidad porque se junta la elección federal y la local, además de que no existen recursos para gastos de campaña, lo que nos obliga a construir desde lo esencial: el contacto directo con la gente”, señaló Jonathan Moisés Ortiz Ramírez, candidato a juez civil.

A pesar de ello, Ortiz Ramírez dijo que ha centrado sus esfuerzos en el diálogo vecinal y el uso estratégico de redes sociales, con el objetivo de exponer su propuesta de una justicia cercana, transparente y con enfoque en derechos humanos. 

“Ha sido un reto que particularmente todos los candidatos tenemos: sacar a tiempo el trabajo habitual en jornada laboral y posteriormente salir a las calles para continuar trabajando en la campaña electoral en campo”, explicó.

Hay rechazo masivo a participar en elección

La primera elección judicial en el país ha dejado en evidencia que el INE y las propias autoridades no esperaban un rechazo masivo a participar en esta jornada.

Algunos de los factores que han señalado, inclusive, los propios candidatos a cargos del Poder Judicial, es la falta de conocimiento sobre cómo se llevará a cabo el proceso, así como la complejidad de la dinámica de votación, es decir, resulta difícil entender cómo se votará.

El desinterés que existe se ha visto, entre otras cosas, en el rechazo a de los ciudadanos a ser funcionarios de casilla. En marzo pasado, el INE dio a conocer que se seleccionará 13 millones de personas para participar en la jornada del próximo 1 de junio.

Sin embargo, 6.1 millones de esos ciudadanos rechazaron participar, lo que representa el 46 por ciento de las personas que el INE había contemplado para realizar con éxito la jornada de elecciones.

La razón más común por la que los ciudadanos no participarán como funcionarios de casilla es que cerca de 2.9 millones de ciudadanos no fueron localizados, ya sea porque cambiaron de domicilio, porque no se encontraban en casa o porque fallecieron.

Entre otras de las razones se encuentran los compromisos laborales o sociales, 1.4 millones se ampararon en ese motivo: Además, 825 mil prefirieron no dar explicaciones y solo se negaron. Hay quienes argumentaron razones de salud (675 mil), impedimentos legales (276 mil 590) o alguna discapacidad (52 mil 354).

INE descarta observadores electorales

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei dio a conocer que el organismo que representa rechazó 38 mil 175 solicitudes de observadores electorales para la elección judicial debido a que eran militantes activos de partidos políticos.

Destacó que se registraron 317 mil 76 personas para participar en la observación de la jornada electoral, de los cuales ya fueron aprobadas 104 mil, pero el resto sigue en análisis.

De ese total, al menos 20 mil 932 eran de Morena, además hubo 5 mil 574 solicitudes de partidos locales; 5 mil 336 al PRI; 2 mil 526 al Partido Verde; mil 280 al Partido del Trabajo; mil 270 a Movimiento Ciudadano y mil 257 al PAN.

La presidenta explicó que se rechaza a las personas que fueron candidatos recientemente, a los que fueron representantes de partido, a las y los funcionarios públicos o aquellos con cierta cercanía a los programas sociales o los servidores de la nación.  

De acuerdo con el INE, un observador electoral puede ser cualquier ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; interesados en conocer el desarrollo y actividades que se realizan antes y durante las elecciones. 

Las y los observadores ven la instalación de casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla, la recepción de escritos y de incidencias, la lectura en voz alta de los resultados en los consejos distritales, así como la fijación de resultados de la votación en la casilla y la clausura de la misma.  

Información. Reporte Índigo.