El rancho San Pedro, ubicado en Acultzingo, Veracruz, que funcionaba como campo de entrenamiento para nuevos integrantes del crimen organizado, fue asegurado en septiembre de 2014 por la entonces Procuraduría General de la República, durante un operativo de fuerzas federales y estatales. Sin embargo, aunque oficialmente sigue bajo resguardo, ahora de la Fiscalía General de la República (FGR), el lugar ha sido prácticamente abandonado por las autoridades. 

Familiares del propietario señalan que la fiscalía les tiene prohibido entrar y que cada dos semanas, aproximadamente, personal de seguridad privada acude a revisar el sitio. El abandono del predio por parte de las autoridades ha generado inquietud entre los habitantes, quienes temen que vuelva a ser ocupado por algún grupo del crimen organizado.

Después de 11 años, el predio que podría ser considerado el “otro” rancho Izaguirre, por las características que presentaba, también es considerado un gran pendiente en la búsqueda de personas desaparecidas de la zona centro de Veracruz, pues aunque hay indicios que señalan ese lugar como el posible último destino de varias personas no localizadas, ha faltado voluntad y decisión de las autoridades para poder ingresar y buscarlos.

La propiedad está conformada por una vivienda frontal pintada de azul, con ventanas y puertas de madera y herrería, de apenas tres habitaciones en donde se puede leer “Rancho San Pedro”, ahí es donde aparentemente vivían los veladores y vigilantes. También ahí se hacían reuniones de “los jefes” cuando llegaban.

Más adelante hay otra casa pequeña en obra negra con basura por todos lados y una galera al fondo cubierta con malla ciclónica. Justo ahí es donde aparentemente se llevaban a cabo la mayor parte de las actividades de entrenamiento por parte de los Zetas.

El rancho está ubicado en la calle Emiliano Zapata, de la colonia con el mismo nombre, en la localidad Sierra de Agua, municipio de Acultzingo. Para llegar al lugar se debe tomar la carretera federal Tehuacán-Orizaba, y al llegar a Sierra de Agua, hay que dirigirse a la izquierda por la calle mencionada donde se ubica el inmueble. Cerca se encuentra una escuela primaria. El domicilio está cercado con postes de concreto y alambre de púas.

Afuera, como bienvenida, hay una lona desgastada por el paso de los años, con logotipo del Gobierno de México, Hacienda y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), en donde se refiere que el bien inmueble está en administración: “la disposición o apoderamiento de este bien sin autorización legal son delitos sancionados por los artículos 285 y 395 del Código Penal Federal, por lo que cualquier persona que sea sorprendida tratando de introducirse o generando anomalías, será puesta a disposición de las autoridades correspondientes. No. de referencia 2460874”.

Revientan rancho en 2014

Decenas de integrantes del ejército, Marina y con apoyo de policías estatales irrumpieron en el rancho San Pedro, que era utilizado por el cártel de los Zetas como campo de adiestramiento, el lunes 1 de septiembre de 2014. Sicarios jóvenes que servían de vigías dieron aviso a sus superiores y abrieron fuego en contra de los soldados, al ver que se acercaban.

El enfrentamiento armado duró varios minutos, mientras los elementos de seguridad lograban tomar el control de la situación y del lugar. Extraoficialmente se habló de un despliegue de corporaciones que superó al número de zetas que se encontraban ahí, por lo que fueron sometidos. Durante la refriega, tres presuntos sicarios fueron abatidos y 33 personas fueron detenidas.

La entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz informó mediante un escueto comunicado: “Como resultado de un trabajo de inteligencia entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), fue ubicado e intervenido un centro de entrenamiento de la delincuencia organizada que operaba en el Rancho San Pedro, de la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Acultzingo, lo que permitió la captura de 33 integrantes de una peligrosa banda. Se presume que los detenidos eran adiestrados en ese lugar para delinquir”.

Además se reportó el aseguramiento de equipo táctico y armamento utilizado para las actividades delictivas. Sin embargo, días después del operativo y la detención de esas 33 personas, las autoridades callaron en torno al tema. Oficialmente no se dio a conocer el destino de los detenidos, aunque se sabe que entre ellos había varios menores de edad y que no eran parte del cártel, sino que estaban ahí por que habían sido reclutados a la fuerza, como pasó en el rancho de Teuchitlán, Jalisco.

Nadie vigila, el lugar permanece sin seguridad

De acuerdo con un reporte de la Policía Ministerial al que Reporte Indigo tuvo acceso, tras una visita realizada en agosto de 2024 y reportada como parte de una investigación por desaparición, el dueño del inmueble –del que se reservan sus datos por seguridad– es una persona de la tercera edad y vive actualmente con su sobrina muy cerca del rancho.

La familiar del propietario asegura que el predio se encuentra asegurado por la Fiscalía General de la República desde hace más de nueve años, y agrega que en dos ocasiones se presentó personal de la Fiscalía con familias de personas desaparecidas y “estuvieron trabajando con aparatos en el rancho”, esto en referencia a acciones de prospección pero no de búsqueda específica de restos humanos.

El documento consigna que el lugar corre riesgo de ser modificado por la acción humana ya que hay domicilios cercanos, y por fenómenos naturales porque hay un nacimiento de agua dentro de la propiedad y en temporada de lluvias aumenta el nivel del agua.

De acuerdo con la sobrina del dueño, cada ocho o 15 días llega personal de seguridad privada a supervisar el rancho para que nadie entre, aunque dejó en claro que desde un inicio, tras el aseguramiento, la fiscalía les dijo que tenían prohibido ingresar.

Vecinos están obligados a callar

La calma que ahora parece reinar en la zona, contrasta con los años de violencia que vecinos del lugar tuvieron que vivir, obligados a observar y callar, porque denunciar lo que veían ponía en riesgo su vida y la de su familia. Hasta hoy, 11 años después del aseguramiento del rancho, existe miedo entre los pobladores, que se niegan a hablar del tema.

El rancho San Pedro era conocido por los vecinos, pero el miedo siempre les impidió denunciar lo que pasaba ahí, en donde jóvenes “levantados” eran llevados a la fuerza para que aprendieran las diferentes tareas que implicaba formar parte del cártel. 

Un poblador, que pide no revelar su nombre, declaró escuetamente a este medio que por la calle de su casa pasaban vehículos con varios hombres armados, la mayoría jóvenes, y se metían al rancho. Esta escena era frecuente e incluso veían ahí a personas que conocían del pueblo.

“Pasaban con sus camionetas y hasta veíamos que las patrullas de la policía también llegaban al rancho, yo nunca vi si se metían o no, pero si iban junto con las camionetas de los malandros”, declara.

Y agrega que todo el pueblo sabía lo que estaba pasando, incluso que los policías andaban “levantando” personas, pero nadie decía nada: 

“Aquí todos nos conocemos y si alguien de ellos se enteraba que habíamos dicho algo, saben en donde vivimos y nos iban a matar, como pasó con varios de por aquí”, señala el poblador que solicita el anonimato.

Aunque oficialmente no se dieron a conocer detalles de lo encontrado dentro del predio, en esa época, algunos medios locales registraron datos que corrían como rumores.

Es importante mencionar que en 2014, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, el nivel de violencia en el estado de Veracruz había escalado a niveles insostenibles, afectando, incluso, a la prensa. Medios de comunicación optaron por la autocensura para evitar poner en riesgo a sus trabajadores, por lo fueron muy poco los que profundizaron en temas tan delicados con el narcorancho San Pedro.

Lo que se supo fue que, además de lo reportado por las autoridades estatales, se encontraron dispositivos, cuerdas, aparatos hechizos e instrumentos diversos que eran utilizados para entrenar a los próximos integrantes del cártel.

Acultzingo es nido del crimen

En la información difundida por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, tras el aseguramiento del rancho San Pedro, se dio a conocer que los elementos de la Policía Municipal de Acultzingo, que debían cubrir el primer turno del 1 de septiembre de 2014, no se presentaron a trabajar.

Lo anterior, según se conoció posteriormente, fue por temor a ser detenidos, pues eran señalados de proteger a los Zetas, lo cual quedó en evidencia tras prácticamente esfumarse del municipio. Al no haber policías municipales, los estatales tomaron el control de la seguridad.

Extraoficialmente, en esos años, se supo que varios elementos y mandos de la policía municipal, eran los “maestros” en esa escuela del crimen. Algunos, al tener formación militar, conocían el tipo de entrenamiento que requerían los jóvenes reclutados.

El alcalde de aquella época, Salomón Cid Villa se negó a encarar el problema, y el síndico Cándido Carillo aseguró desconocer los detalles del operativo de seguridad, pese a que existió una acción coordinada de fuerzas federales y estatales.

Dos años después del operativo en el rancho y tras nuevos señalamientos de corrupción en contra de los elementos municipales, en 2016 todos fueron cesados y entró en operaciones la Base de Operaciones Mixtas (BOM), formada por personal de la extinta Fuerza Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Ministerial y eventualmente el apoyo de la Sedena y la Marina. La BOM funcionó hasta 2018, cuando nuevamente se integró el cuerpo policial municipal.

De expolicía a líder criminal

El municipio de Acultzingo se encuentra enclavado en la zona de las Altas Montañas, en el centro de Veracruz que limita con el estado de Puebla, y ha sido el semillero de personajes y actividades de la delincuencia organizada. 

Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, es uno de los delincuentes más buscados en el país, fue expolicía municipal de Acultzingo y perteneció a los Zetas. Tras formar, presuntamente, su propio grupo delictivo, puso en la mira actividades ilícitas como el “huachicoleo” en 2016 y los asaltos a trenes de carga en la zona centro de Veracruz y parte de Puebla en 2018.

Pese a los esfuerzos de distintas administraciones y niveles de gobierno por capturarlo y aunque se ofrece una recompensa de 1 millón de pesos por información sobre él, sigue libre.

Sospechas de cementerio escondido

Cuando los elementos de seguridad irrumpieron en el rancho San Pedro, se originó un enfrentamiento armado que dejó tres presuntos delincuentes muertos y se reportó la detención de 33 personas, entre las que se encontraban varios menores de edad reclutados. Lo que representa la posibilidad de que ahí hayan muerto decenas de jóvenes durante el tiempo que operó ese centro de adiestramiento.

Colectivos de desaparecidos tienen indicios de que en ese lugar hay restos de personas en fosas clandestinas y, aunque han insistido a las autoridades en que se les permita ingresar para buscar, no han tenido respuesta favorable.

Araceli Salcedo, lideresa del Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba, ha sido una de las principales voces ciudadanas para exigir que se permita el ingreso de familias buscadoras con el objetivo de detectar las fosas clandestinas que existen ahí.

En 2014, años en que se llevó a cabo el aseguramiento del rancho, no existían los protocolos que existen ahora en el tema de desaparecidos. El operativo se realizó como cualquier cateo en el que se detienen personas y se asegura armamento y supuestos indicios de las actividades delictivas que ahí se realizaban.

Entre los procedimientos no existía el interés de revisar el terreno en busca de fosas clandestinas o espacios en los que se hubieran escondido restos humanos.  

Reclutados para la muerte

Desde hace más de una década, Veracruz enfrenta los estragos de la violencia y cobra especial relevancia en el territorio nacional al haberse hallado ahí la fosa clandestina más grande de América Latina, etiqueta que muestra la realidad de una sociedad profundamente herida por la mala fortuna de vivir en un lugar que se convirtió en un infierno.

Colinas de Santa Fe –en la ciudad de Veracruz, en donde se hallaron 301 cráneos y 22 mil restos óseos en más de 150 fosas clandestinas– es sinónimo de horror, representa la impunidad de Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz desde 2012 hasta 2018 y que actualmente se encuentra preso.

Sigue habiendo lugares sin explorar como el rancho San Pedro que, al saberse que funcionaba como escuela del crimen, aumenta la posibilidad de que ahí hayan terminado con la vida de cientos de jóvenes.

Existen cientos de historias que relatan un rapto, un levantón o la obligación, bajo amenaza de muerte, para pertenecer a un grupo delictivo y no ser otra cosa más que «carne de cañón», es decir, los primeros que mandan a realizar tareas como enfrentamientos, cobro de piso, levantones o asesinatos. 

Cientos de esas historias empezaron a partir del interés de los jóvenes por trabajar y obtener un ingreso económico para ayudar en sus casas. Lo que parece una oferta de trabajo que les cambiará la vida termina, en muchos casos, en una tragedia después de que estos adolescentes se ven obligados a emplearse en actividades ilícitas.

Y ahí no termina su historia, porque su «vida útil» para la organización delictiva finalizó al morir y deshacerse del cuerpo, a veces los dejan en el lugar en que mueren y en otras ocasiones de los llevan para enterrarlos en algún lugar desconocido; sin embargo, hay alguien, una familia que lo busca.

Información. Reporte Índigo.