Luego de reclamar que Antonio Navarro, ex titular del Instituto para la Atención a las Juventudes en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, se mantenga como funcionario estatal a pesar de las denuncias públicas por corrupción, el diputado de Morena, Abraham Ramos Sotomayor, pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) que revise las cuentas de la paraestatal.

Durante el tiempo que estuvo Navarro como director de Juventudes se entregaron más de 200 contratos a la familia de José Luis Guerrero, quien se desempeñaba como asesor de la extinta Jefatura de Gabinete, asignaciones con indicios de corrupción, prueba de ello es que luego de que se dieron a conocer las asignaciones por más de 80 millones de pesos, Guerrero fue despedido.

Sin embargo, Antonio Navarro se mantiene en la nómina estatal, ahora como subsecretario de Operación para el Desarrollo de la Secretaría del Nuevo Comienzo en el gobierno de Libia García Muñoz Ledo.

La propuesta del diputado de Morena es que la ASEG realice auditorías financieras y de desempeño a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024, por los contratos asignados a las empresas RM Servicios Integrales y Comercializadora PTCV S.A de C.V. (propiedad de familiares de José Luis Guerrero); así como de las tres ediciones del Congreso Iberoamericano de Juventudes realizado en dichos ejercicios fiscales.

Ramos Sotomayor destacó que se presume corrupción en los contratos por la cantidad y cuantía de los mismos. Además de que levanta sospechas de posibles conflictos de interés y favoritismos en la administración pública, especialmente considerando la relación familiar de la beneficiaria con un asesor de la Jefatura de Gabinete.

La Secretaría de la Honestidad del Gobierno del Estado terminó una auditoría específica a Juventudes desde finales de diciembre, en la que se advierten posibles irregularidades entre 2018 y 2024, pero el proceso sigue para determinar si existen sanciones.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Kuali.