Entre 2017 y 2025 la búsqueda de personas le ha costado a los gobiernos federal y locales unos 181 millones de pesos, entre compra de herramientas de excavación, adquisición de vehículos, inversión de mobiliario, difusión de campañas, mantenimiento de edificios para albergar las oficinas de las comisiones o adquisición de uniformes o cursos.

Se trata de las erogaciones de las comisiones de búsqueda que en 2017 fueron formadas en las entidades federativas a partir de la publicación de la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Una búsqueda de contratos que llevan en el título “búsqueda de personas” en el antiguo CompraNet (hoy Compras MX) da cuenta de en qué se ha gastado en los últimos años para dar con los ausentes. 

Dos gastos predominan. Uno son los cursos y otro las campañas mediáticas.

En siete años, decenas de capacitaciones se han impartido para personal de las comisiones de búsqueda. A cargo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en promedio, cada curso ha costado 33 mil pesos.

En tanto, cada anuncio para difundir las labores de las comisiones de búsqueda ha costado en ese mismo periodo, 1 millón de pesos.

La adquisición de herramientas y maquinaria apenas aparece en esta lista de gastos. En 2022 se adquirieron drones, GPS, cámaras fotográficas, mascarillas y remolques cuyo gasto representa apenas el 2 por ciento de la erogación en general.

Y está la adquisición de vehículos, la mayoría camionetas tipo pick up, cuya erogación en varios estados no llega al 10 por ciento del total gastado.

Desaparecidos y ahora buscadores asesinados: la otra tragedia que crece en México

En paralelo, colectivos de hermanos, madres y otros familiares de más de 100 colectivos civiles rastrean por su cuenta mientras permea la amenaza de su propia desaparición o muerte. En menos de un mes, dos atentados arrancaron a tres buscadores de los campos de México. 

María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años, fueron asesinados la noche del miércoles 23 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Apenas el 27 de marzo, Teresa González Murillo, hermana buscadora, murió en un ataque, en ese mismo estado.

Con ellos, la suma es de 29 familiares de personas desaparecidas víctimas de asesinato, feminicidio o desaparición, un promedio de dos por año.

En más de 200 contratos de las comisiones buscadoras, ninguno se refiere a seguridad para los familiares que han decidido, por su cuenta, rastrear para encontrar a sus seres ausentes.

En 2023, las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva en el informe “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022” alertaron que la inversión en los estados era “muy baja” para buscar a las personas desaparecidas.

Las entidades solo destinaban 0.02 por ciento de su presupuesto a comisiones de búsqueda, unos 5 mil 925 pesos anuales en promedio por cada persona desaparecida, de acuerdo con la investigación.

La crisis permanece. Según el registro oficial hay más de 120 mil personas desaparecidas. Al 90 por ciento se les perdió el rastro desde 2006. En este conjunto hay 40 mil hombres entre 20 y 34 años.

Información. Reporte Índigo.