En medio de la polémica por las afectaciones que ha generado la empresa ICREAR, propiedad de la familia Webb en Guanajuato capital, en la Sierra de Santa Rosa, el Congreso del Estado se exhibió un decreto que data de hace casi 200 años, en el que ya se hablaba de la urgente necesidad de proteger la zona serrana de Guanajuato.

Al inaugurar la exposición sobre la evolución normativa en materia de Medio Ambiente, en conmemoración del día de la Madre Tierra, la presidenta de la comisión de Medio Ambiente, la diputada panista María Isabel Ortiz Mantilla, recordó el decreto de 1826 y los cambios climáticos que hoy afectan el ecosistema en general.

El decreto de 1826 para la protección de lo que hoy se conoce como la Sierra de Santa Rosa fue firmado por el primer Congreso Constituyente del estado de Guanajuato.

Eduardo Vidaurri Aréchiga, cronista de la ciudad, recordó que en aquellos años se tomó la decisión de proteger la sierra por la devastación que hicieron las mineras.

A casi 200 años, otra vez la Sierra de Santa Rosa se ve afectada por la decisión de particulares, también dedicados a la minería como la familia Webb, porque colocaron rejas e hicieron excavaciones en el camino a Los Mexicanos sin contar con los permisos en materia ambiental en una zona protegida.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Milenio.