La administración del presidente Donald Trump peticionó a la Suprema Corte de los Estados Unidos para delimitar el bloqueo que varios jueces federales han impuesto a la acción ejecutiva del republicano que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento.

La decisión de la Casa Blanca de llevar la batalla legal al máximo Tribunal estadounidense llega después de que tres jueces federales de Washington, Maryland y Massachusetts emitieran restricciones federales a la orden presidencial, por lo que el mandato ejecutivo firmado el primer día de la segunda administración Trump quedó sin efecto en todo el país.

El Departamento de Justicia (DoJ) pide que la Suprema Corte intervenga en la materia y permita que se efectúe la orden ejecutiva en las 47 jurisdicciones en donde no se han presentado querellas, durante el tiempo en que se desarrollan los casos. De acuerdo con lo argumentado de la administración, las suspensiones universales emitidas por las cortes están fuera de las capacidades de los jueces federales que las declararon.

“Las suspensiones universales han alcanzado proporciones epidémicas desde el comienzo de la actual administración (…) Esta Corte debe declarar que es suficiente antes de que la creciente dependencia de las cortes distritales en las suspensiones universales se convierta en la norma”, escribió el Departamento de Justicia.

Pese a contar con una Suprema Corte de mayoría conservadora, con tres de sus nueve integrantes designados por Trump y con cinco de los ministros con un historial en contra de las suspensiones universales, la Casa Blanca no ha logrado un fallo en la materia pese a haber llevado el asunto a la Corte en el pasado.

Al centro de la controversia respecto a la ciudadanía por nacimiento se encuentra la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. De acuerdo con la interpretación consuetudinaria de la ley suprema de la Unión Americana, cualquier persona nacida dentro de su territorio es sujeto de su jurisdicción y por lo tanto ciudadana estadounidense.

Es precisamente un fallo de la Suprema Corte, con más de 100 años de tradición jurídica, la que otorga esta interpretación a la Constitución, pese a ello, la administración de Trump argumenta que esta garantía no se extiende a hijos de migrantes indocumentados o aquellos cuya residencia en el país es legal pero no permanente, como trabajadores temporales o estudiantes.

La orden ejecutiva forma parte de las políticas trumpistas diseñadas para mitigar la migración hacia Estados Unidos y tanto el presidente como el vicepresidente, J.D. Vance, han declarado que la ciudadanía estadounidense no es un derecho sino un privilegio. El decreto pretendía prohibir a las agencias federales, emitir o recibir documentos que reconocieran la ciudadanía estadounidense de recién nacidos cuyos padres no fueran estadounidenses o residentes permanentes.

Los jueces que han bloqueado la orden ejecutiva de Trump señalan que las acciones presidenciales contravienen la Constitución y sus fallos se dieron tras las demandas presentadas por los fiscales generales de 22 estados demócratas y grupos por los derechos migrantes que consideran que tacharon la orden de nativista.

Información. Reporte Índigo.