El análisis en el Congreso de Guanajuato de dos iniciativas que buscan que los hospitales públicos garanticen los servicios de salud para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo confrontó la visión de dos frentes: por un lado personas conservadoras de organizaciones ligadas a grupos religiosos, por el otro, colectivas feministas que promueven el aborto legal, seguro y gratuito.

Durante la mesa a la que convocó la comisión de Salud que preside el morenista Antonio Chaurand se vivieron momentos de tensión, cuando el grupo de personas con pañuelos azules en contra del aborto comenzaron a exigir a los diputados rechazar las iniciativas que promueve Movimiento Ciudadano y Morena.

Para hablar en contra de que la Ley de Salud de Guanajuato garantice los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, participaron más hombres que mujeres. Todos coincidieron en que se debe privilegiar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Uriel Colchado Esqueda, representante del Frente Nacional por la Familia, aseguró que el Congreso de Guanajuato no está obligado a legislar a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se ha instruido a otros Congresos locales a hacer modificaciones para que se deje de criminalizar a las mujeres que deciden abortar.

Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad participaron agrupaciones nacionales y de Guanajuato, quienes hicieron eco de las resoluciones de la Suprema Corte, además del problema de salud pública que representa que las mujeres aborten en la clandestinidad.

En la mesa participó la organización Católicas por el Derecho a Decidir, en donde su representante, Maribel Luna, expuso que en la última encuesta a personas católicas reveló que están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo.

Nayeli Tello de la organización Red de Acompañantas de León, reveló que de octubre de 2023 a marzo de 2025 han asistido a 381 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo. La activista recordó que aunque la legislación local no contemple el aborto, la práctica se da y las colectivas están para dar acompañamiento para que tengan un proceso seguro y libre de criminalización.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Periódico Correo.