Desde 2014 a la fecha, en Nuevo León se registran casi siete mil denuncias de desaparición de personas, un dato que por sí mismo ya es alarmante; pero el escenario es todavía más grave, ya que esto significaría sólo el dos por ciento del total verdadero.

Lourdes Huerta, del colectivo Buscadoras de Nuevo León y quien tiene 15 años buscando a su hijo Kristian, explicó que el miedo a denunciar la desaparición de una persona persiste entre los familiares.

“Han llegado compañeras que tenían 10 años con su familiar desaparecido y nunca habían denunciado, mientras que la gente que denunció y ya no siguió la investigación, ya no siguió buscando”, detalló.

De acuerdo con datos oficiales, en el estado se tiene registro de seis mil 802 personas desaparecidas; de octubre de 2024 a la fecha, se han reportado 268 ausencias en la entidad, de las cuales se habrían localizado 198 y otras 70 continúan desaparecidas, esto según la estadística de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

La información del organismo señala que de entre las personas localizadas, ocho de ellas han sido encontradas sin vida.

Explicó que, a lo largo de este tiempo, hay cosas que no han cambiado en la crisis de desapariciones, como las zonas del estado donde ocurren con mayor frecuencia estos casos.

Los colectivos de búsqueda tienen identificados a los municipios de la zona norte como el área de mayor incidencia.

“Desgraciadamente son las mismas áreas, todo lo que es el Valle de las Salinas, Zuazua, Ciénega (de Flores), Salinas Victoria, hasta Anáhuac, porque todo eso va a dar a la frontera”, detalló Huerta.

Una diferencia con respecto a hace 14 años, añadió, es que aunque predominan los casos donde la persona desaparecida es hombre, se han incrementado los casos en los que la víctima es una mujer o un niño.

‘No hay justicia’

A la desesperación por no encontrar a sus familiares desaparecidos, se suma la frustración ante la falta de justicia y que las investigaciones pueden llevarles “toda la vida”, lo que genera un clima en el que “cualquiera puede desaparecer a otra persona” con total impunidad.

Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL), explicó que esto es una de las causas que explican el incremento en los casos.

“Desde 2012 que estamos organizadas, no hemos visto una respuesta acertada contra este tipo de delitos. Y la creación, por nosotras mismas de instituciones como es la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda”, añadió.

El discurso de las instituciones, añadió, es que no hay desapariciones; y con ello, añadió, se mantiene al margen a la ciudadanía.

“No hay justicia, no hay castigos ejemplares, nunca cierran los casos como debe ser, para ellos pues una persona desaparecida, o sea, la investigación puede durar toda la vida si no hay un sospechoso o una persona que sea investigada por esta desaparición.

“Nosotras organizadas en FUNDENL, les hacemos el trabajo, salimos a buscar y nosotras los encontramos, entonces es frustrante; son incompetentes todas las personas que están en estas instituciones involucradas en la desaparición de personas”, agregó.

El daño del conflicto político

El conflicto político entre el Gobierno del Estado y el Congreso local afecta la búsqueda de personas, indicó Irasema García, del colectivo CRISDE Juntos Hasta Encontrarlos.

“El pleito político que ellos traen, no se dan cuenta, pero la estamos llevando la ciudadanía de todo el pleito que ellos traen”, dijo.

Destacó que las autoridades argumentan una falta de recursos como causante del incremento en los casos de desapariciones y la violencia en el estado.

“La Comisión Nacional de Búsqueda hace lo que puede, uno como colectiva llama para pedir el apoyo y no lo dan inmediatamente, pero nos topamos cuando ya se pasa esa carpeta de investigación a Fiscalía, pues la Fiscalía no le da seguimiento inmediatamente”, dijo.

Señaló que la Fiscalía de Nuevo León no busca a las personas desaparecidas, salvo que tengan conocidos al interior del Gobierno o a aquellas personas de alta solvencia económica.

“Se nos hace injusto, tienes que buscarlos a todos por igual. Creo que en todo México estamos en la misma problemática, que hay preferencias y que hay niveles de desaparecidos y por eso aquí en Nuevo León y en todo México, las que hacemos el trabajo somos las colectivas”, comentó.

Añadió que de parte de las autoridades el principal obstáculo que reciben es que no hay personal suficiente.

Por otro lado, la activista señaló que ha sido objeto de intentos de intimidación por parte de las autoridades, con el objetivo de que ceda en la búsqueda de su hijo desaparecido el 11 de marzo de 2011 en Monterrey.

Aunque el registro de personas desaparecidas en Nuevo León y México parte desde 1952, son ya casi 20 años que este fenómeno se aceleró, dejando una estela de desesperación y destrucción en miles de familias, de las cuales, muchas de estas desapariciones ni siquiera aparecen en este registro.

Y entre más pasa el tiempo, las condiciones para una búsqueda se complican y, aún más, dar con los responsables.

Información. Reporte Índigo.