A tres décadas del fin del Apartheid en Sudáfrica, las desigualdades estructurales de ese sistema se han mantenido; para corregirlas, una ley impulsada por el presidente Cyril Ramaphosa busca modernizar las facultades del Estado; sin embargo, las medidas contenidas en la ley se han vuelto controversiales dentro y fuera del país.

El Acta de Expropiación 2024, firmada por el presidente Ramaphosa a finales de enero, brinda al Estado la posibilidad de confiscar propiedad privada cuando se haga con fines de beneficio público o de interés público y regula el procedimiento mediante el cual los dueños de la tierra pueden recibir compensación por lo expropiado.

El proyecto de ley que dio origen a estas disposiciones fue impulsado desde 2020 por el Congreso Nacional Africano (ANC), el partido gobernante desde 1994, y proponía derogar las leyes vigentes desde 1975 para alinearlas con los valores incluyentes e igualitarios de su actual Constitución.

Respecto al progreso logrado, la doctora Beatriz Escobar, coordinadora del módulo Integración en el Continente Africano en el marco de la Unión Africana, resalta que los gobiernos democráticos en Sudáfrica han logrado avances importantes en la mejoría de las condiciones de la población negra; sin embargo, aún quedan muchas áreas por atender.

Las condiciones materiales de la mayoría de la población han cambiado, pero no al ritmo que se requiere. El empoderamiento negro ha sido una base de la política sudafricana desde 1994, pero se ha concentrado en una minoría relacionada con el partido en el gobierno, dejando de lado a gran parte de la población, apunta la especialista.

Si bien la ley obtuvo apoyo dentro de Sudáfrica, también ha generado indignación por las posibles ramificaciones de su uso. Uno de los puntos más contenciosos de la nueva legislación es la definición de interés público, ya que contempla la construcción de infraestructura como beneficio público, pero también considera el compromiso con la reforma agraria y el acceso equitativo a los recursos naturales.

30 años sin reparto agrario

En los 30 años de gobierno del ANC, la redistribución de tierras sigue siendo un tema en constante discusión, pero con pocos acuerdos y resultados.

Con más de 1.2 millones de kilómetros cuadrados, Sudáfrica es un país rico en recursos naturales, incluyendo minerales valiosos y tierras raras, así como tierra agrícola, que compone el 79% del país. Sin embargo, durante el Apartheid, la población negra fue privada del derecho a poseer tierras, siendo expulsada por la minoría blanca.

Más de 30 años después del fin del Apartheid, solo 4% de la tierra cultivable es poseída por sudafricanos negros, quienes representan el 80% de la población. El Acta de Expropiación busca dar herramientas para reducir esta desigualdad de manera justa y legal.

La doctora Escobar señala que el gobierno ha tratado el tema con cautela para evitar crisis como la de Zimbabwe, donde la expropiación masiva llevó a hambrunas.

El gobierno sudafricano ha sido muy cuidadoso con el reparto de tierras, ya que sigue siendo una de las demandas más recurrentes de la población. Como la tierra sigue en manos de una minoría blanca, difícilmente se puede hablar de una transformación real, explica la especialista.

Mientras que la legislación lleva Expropiación en su nombre, los pasos detallados indican que la incautación solo es un último recurso si los dueños de la tierra no logran un acuerdo con las autoridades. Quienes defienden la ley afirman que, aunque la expropiación no requiere consentimiento, el Acta de Expropiación contempla derechos para los propietarios.

Afrikaners, sus derechos son respetados

Si bien la ley cuenta con apoyo mayoritario, su promulgación ha provocado oposición de minorías afectadas. La Alianza Democrática, partido históricamente opositor, presentó un recurso constitucional para invalidar la ley.

Por su parte, Afriforum, un grupo de presión de la minoría afrikaner, ha buscado apoyo en líderes de derecha en EE.UU. para que el gobierno de Trump ejerza presión contra Sudáfrica y evite su implementación.

Aunque la ley no ha sido utilizada, el presidente Trump canceló la asistencia humanitaria a Sudáfrica e invitó a la población afrikaner a reubicarse en EE.UU. bajo condición de refugiados. Sin embargo, la etnia afrikaner no es tan monolítica como Afriforum pretende mostrar.

Los afrikaners no presentan un frente unido. Afriforum adopta una postura extrema, difundiendo desinformación sobre una supuesta persecución, lo cual es falso, concluye la especialista.

Información. Reporte Índigo.