Ante la violencia que acecha a las familias de personas desaparecidas en Guanajuato, buscadoras pidieron a diputados locales que en la Ley se les reconozca como personas defensoras de derechos humanos y así poder tener acceso a los mecanismos de protección que contempla la ley para activistas y periodistas.

Guanajuato es uno de los estados más peligrosos para las familias de personas desaparecidas: en los últimos años han asesinado a al menos seis buscadoras, pero también son blanco de desaparición, como el caso de Lorenza Cano, quien está por cumplir un año desaparecida después de que un comando armado ingresó a su casa a la fuerza, asesinó a su esposo e hijo y a ella se la llevaron.

Nailea Carreño, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, comentó que urge no solo el reconocimiento como personas defensoras de derechos humanos, sino que se garantice el presupuesto para las comisiones de atención a víctimas y búsqueda, así como los consejos donde hay participación de familiares de personas desaparecidas quienes hacen recomendaciones sin que sean vinculantes para las autoridades.

Un grupo de aproximadamente 50 mujeres de diferentes colectivos de búsqueda de todo el estado fue convocado por el grupo parlamentario de Morena para escuchar de ellas cómo podrían abonar desde el Legislativo en el trabajo que ellas realizan.

Tere Ballesteros, buscadora de Celaya, reclamó que una práctica común en la Fiscalía General del Estado es retrasar los trabajos de búsqueda que deberían ser inmediatos para poder encontrar a las personas desaparecidas. En su caso, dijo, le dio información a la Fiscalía sobre el posible paradero de su hijo pero no hicieron la búsqueda inmediata por la falta de personal.

Otra de las exigencias planteadas en la mesa es que se haga efectivo el trato prioritario para las familias de personas desaparecidas en los centros de salud, por los problemas físicos que conlleva un hecho como el perder a un ser querido a manos de grupos criminales.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Zona Franca.