Una vez más, la Fiscalía General de la República (FGR) incurrió en una falla que pone en la cuerda floja el caso de los ocho militares detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante una conferencia de prensa, los abogados Alejandro Robledo y César González, quienes defienden a los acusados, señalaron que la FGR no pudo presentar en audiencia a los dos testigos protegidos que utilizaron para conseguir las recientes órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

Identificados con los nombres clave de ‘Carla’ y ‘Neto’, los colaboradores de la Fiscalía son presuntos exintegrantes de Guerreros Unidos, cuyas declaraciones ya habían sido descartadas en años anteriores por Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).

El 22 y 23 enero, estos testigos señalaron que los militares recibían dinero a cambio de protección para Guerreros Unidos, pero no los vincularon directamente con los hechos ocurridos entre le 26 y 27 de septiembre de 2014.

Se tenía programado que ‘Carla’ y ‘Neto’ acudieran a la audiencia del 7 de febrero ante la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, para ser interrogados por la defensa. No obstante, la FGR no fue capaz de presentarlos.

Uno de ellos dijo que estaba enfermo y no le era posible ir a declarar, mientras que el otro no pudo ser localizado en el domicilio que le proporcionó a la misma Fiscalía.

“¿No es tu testigo, fiscal? Entonces me estás diciendo que perdiste al testigo protegido. ¿Te mintió en torno a su domicilio y ahora no lo encuentras?”, dijo César Omar González Hernández en la conferencia.

Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz habían sido liberados a finales de enero luego de que la jueza Duarte les concediera una medida cautelar que no involucraba su aprisionamiento.

No obstante, fueron reaprehendidos el 1 de febrero como resultado de las órdenes que la FGR obtuvo por el delito de delincuencia organizada a partir de los dos testigos.

“El cochinero que han hecho en esta administración y proceso del caso lo único que ha logrado es empañar todo, ensuciar más todo y alejar a las víctimas, una vez más, del acceso a la justicia y la verdad”, acusó González.

En este sentido, los abogados advirtieron que en los próximos días presentarán una denuncia en contra de las autoridades involucradas en esta “lamentable investigación”, incluido el antes subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Información. Infaboe.