En Guanajuato, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (PEPNNA) comete agravios e irregularidades contra menores de edad sin fundamento, así lo acusó Roberto Saucedo Pimentel, activista de derechos humanos y litigante. En entrevista, el abogado afirmó que desde la fecha 08 de Febrero del 2022 durante un juicio de carácter familiar con el número de expediente F962022 se ha dilatado al grado de incluso, cambiarle el folio por probables irregularidades en el proceso.
“Ahora es el F4152022 del Juzgado de Oralidad Familiar de Guanajuato capital, dónde dos adolescentes reclaman paternidad de padre biológico y el juez admite demanda y determinan que la PEPNNA los debe representar (…) fue MayraAlfaro Sánchez quien quedó al mando y desde entonces no avanza” aseveró.
Además, está Procuraduría solo ha ratificado la demanda y presentan inconsistencias ya que hay dos padres, el biológico y el registrado legalmente, incluso vive en Estados Unidos, explicó el activista.
“Esta estrategia de llamar al padre legal ha generado que se retrasé de forma increíble en el expediente y una impunidad (…) han alargado el proceso con un despacho legal para ganar tiempo” dijo.
Está agravante, sumado a la inactividad de la Procuraduría han hecho que no exista ningún movimiento en el juicio y el tribunal también le llama la atención a la misma abogada defensora de los menores, afirmó Saucedo Pimentel.
“El 14 de Marzo del 2023 en un acuerdo, la jueza Dulce María Pérez Gallardo le dice a la PEPNNA que no ha promovido, se le requiere que al ser un caso público no puede permanecer indefinido, se le pide que en un lapso de 3 días envié respuesta sino irán al archivo (…) nada a pasado” señaló.
Por otro lado le requieren a una empresa estatal que de con el domicilio del padre de Estados Unidos y ya se apersono pero el tribunal no reconoció la personalidad a través de ese poder y aquí la procuraduría no ha hecho su trabajo, preciso Roberto Saucedo.
“Su servidor presente ese poder y bueno esto va provocar que esto siga detenido y lo que nos preocupa es que lleva ya casi dos años y la Procuraduría no ha hecho su trabajo y hay dos menores de edad siendo víctimas de esta inactividad (…) nos preocupa las redes de complicidad con autoridades” afirmó.
De acuerdo a la madre y los hijos, se tiene temor que el demandado este aplicando fuerza económica con colusión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes:
“Nos preocupa que esté recibiendo una protección indebida en perjuicio de una familia de escasos recursos”, concluyó el activista.
Información. Periódico Correo.

