La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato elaboró un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dando cuenta de que la Fiscalía estatal actúa continuamente de forma omisa para obstruir las investigaciones en delitos de alto impacto, con la relatoría de 5 casos entre los que incluyó el de Jorge González Topete.

Raymundo Sandoval, integrante de la plataforma y quien ha acompañado a las víctimas en los casos relatadas ante la ONU, dijo que la comunicación fue enviada desde el año pasado al relator de procedimientos especiales, del cual, si bien no se espera obtener una recomendación o sanciones en contra del estado mexicano, servirá como antecedente ante los organismos internacionales ante cualquier revisión en cumplimiento de Derechos Humanos dentro del país.

“El año pasado presentamos un informe ante el relator sobre independencia de jueces y abogados, que hablaba de esta negligencia y mala práctica, esto que hemos planteado en el caso de la muerte de Jorge González Topete que la Fiscalía inventó pruebas y han litigado en contra de las víctimas(…) Los relatores no tienen la facultad para emitir recomendaciones o un dictamen, o una determinación directamente sobre los casos, pero sí es importante señalar que cuando reciben información, dan cuenta de situaciones generales y pueden presentar alguna comunicación ante el estado” expresó.

Además del caso de Jorge González Topete, donde la Fiscalía ocultó evidencias y pasó por alto detalles en los peritajes para hacerlo pasar como un suicidio, la Plataforma incluyó una de las dos denuncias por abuso sexual en contra del diputado federal electo Jorge Romero Vázquez, así como la ejecución extrajudicial de Leonardo Cayente, la desaparición de Pablito Núñez en San Francisco del Rincón, y el secuestro de los familiares de la buscadora Norma Patricia Barrón.

Ven omisiones dolosas en investigación del caso Topete

En cuanto al actuar de la Fiscalía en la investigación por la muerte de Jorge González Topete, tanto el abogado que lleva la causa como la Plataforma consideraron que se ha actuado de forma dolosa en contra de las víctimas, quienes pese a haber conseguido un amparo en un juzgado federal de distrito obligando a investigar su muerte como un homicidio, en respuesta recibieron recursos de parte de la autoridad para no cumplir con las sentencias.

“Tratándose de juicio de amparo, cuando una sentencia está torpemente cumplida puede dar lugar a responsabilidad. Nosotros estamos demostrando que no es un error sino un acto doloso no cumplir con todo lo que se les dijo. Eso puede terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una probable inhabilitación y consignación por no acatar una sentencia puntualmente” dijo al respecto José de Jesús Ortega de la Peña, quien asesora legalmente a la familia.

Raymundo Sandoval, por su parte, dijo que dentro de los dos procesos legales que se mantienen abiertos en contra de la Fiscalía por este caso, se espera que también se puedan determinar responsabilidades administrativas y reparación de los daños en contra de la autoridad estatal, así como el reconocimiento de que el aparato estatal administrado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha administrado políticamente a las víctimas.

“Esperamos que el procurador de Derechos Humanos, a año y medio de que se inició una queja, la resuelva conforme al reglamento de la CNDH y que se reconozca la responsabilidad política del gobernador, de los diputados que eligieron al fiscal Zamarripa y de la secretaria de Desarrollo Social y Humano Libia Denisse, y de cómo está armado este sistema para utilizarla políticamente a las víctimas y no administrar justicia” planteó.

Información. Periódico Correo.