El Tribunal de Justicia Administrativa está retrasando las resoluciones de las 20 demandas interpuestas por los dueños de verificentros que fueron cerrados por la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), que además de generar al menos pérdidas por casi 15 millones de pesos, no se cumple con la meta de tener una buena calidad de aire ante la falta de verificación.

El abogado, José Luis Colina Ibarra explicó que desde hace más de 15 días el Tribunal de Justicia Administrativa tenía que dar respuesta a las demandas de nulidad en contra de la SMAOT, pues después de la última audiencia se cuenta con un plazo de 10 días para dar una respuesta y ahora se establece que podría ser más de un mes que tarde este organismo en pronunciarse al respecto.

Indicó que se han detectado varias anomalías en la documentación presentada por la SMAOT que muestra una clara negativa en otorgar los permisos a esos 47 centros de verificación y a esto se le suma que ya pasaron tres meses desde que se resolvió la suspensión en los amparos presentados por los dueños de los verificentros y no se tiene respuesta por las autoridades

“Yo creo que el retraso es porque la SMAOT cometió muchos errores. Te puedo comentar que no cumplieron con los tiempos, ellos pudieron dar los espacios correspondientes a los centros de verificación para cumplir con las certificaciones y en primera instancia la autoridad, en este caso la SMAOT no avisa de los términos, no otorga las prórrogas correspondientes y después de manera infundada simplemente los suspenden y evitar que se pueda dar el servicio”, señaló.

José Luis Colina señaló que existen muchas irregularidades tanto de la SMAOT como del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que presumió que existen intereses políticos para retardar las resoluciones en donde claramente la SMAOT no actuó conforme corresponde para dar oportunidad a los dueños de los verificentros para cumplir con todos los requisitos.

Y es que fue en diciembre del 2022 cuando la SMAOT publicó un nuevo reglamento de operación para los verificentros ahora llamados centros de inspección, en donde se otorgó un plazo del 26 de diciembre del 2022 al 13 de enero del 2023 para cumplir con una certificación que sólo podría ser emitida por Mexicana de Acreditación (MAAC) y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), cuando estos procesos implicaban más tiempo para cumplirse

“La SMAOT en lugar de evitar un problema fuerte que ha tenido con 47 verificientros a nivel estatal, se han presentado anomalías para que operen los centros de verificación como ellos estaban estableciendo una condición de una certificación que no se dio. Alegan (los inconformes) no solo un retraso, sino alegan una anomalía en la negativa para que ellos puedan volver a operar”, señaló.

Y es que, aunque algunos dueños de los verificentros iniciaron su trámite no les fue admitido que la certificación estaba en proceso, y algunos cuando la recibieron se les señaló que estaban fuera de plazo y se negó su reapertura.

El abogado señaló que existe una clara violación a los derechos de los dueños del verificentro por parte de la SMAOT y ahora se suma la falta de respuesta del Tribunal de Justicia Administrativa al que exigió que se pronuncie al respecto, pues la afectación no sólo es económica para los dueños de los verificentros sino que los ciudadanos no pueden verificar e incluso tienen que ir a otros estados a hacerlo y los centros que están en operación están saturados.

“Que el tribunal de justicia responda, porque ya una situación así es insostenible, como en Guanajuato Capital que se quedaron con dos centros de verificación para 80 mil vehículos y es una exigencia de la asociación de verificentros que se resuelvan estos juicios de nulidad a favor de ellos, para poder cumplir con los tiempos y que se dé la oportunidad para seguir operando y no ahorcar a la ciudadanía que busca hacer el trámite y llegar al objetivo que es una buena calidad del aire”, indicó.

Recuento anomalías

SMAOT dio plazo de 20 días para presentar la certificación como unidad de verificación o inspección que solo dos entidades otorgan a nivel nacional; insuficiente el plazo. No se avisó a los titulares de los verificentros sobre las resoluciones y dictamen técnico para negar la autorización para operar por un plazo de cinco años.

Información. Periódico Correo.