José Javier Roa Meza, ejidatario originario de la comunidad San José de Ayala, busca el apoyo del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y del propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que se haga justicia en el caso donde intentan despojarlo, haciendo uso de artimañas legales, del patrimonio que él y su familia han realizado en la comunidad. Aseguró que las autoridades ejidales emprenden una campaña en su contra, respaldados por los tribunales agrarios, quienes le han emplazado para que entregue tres casas y unas tierras, a pesar de tenerlas legítimamente desde hace varios años.

Javier Roa explicó a través de un correo que todo comenzó en el 2015 cuando se llevó a cabo en la comunidad San José de Ayala una asamblea de ejidatarios para la aplicación del programa FANAR, el cual realizaría la medición de las posesiones de cada ejidatario, a fin de darles certeza jurídica sobre sus bienes ejidales.

Dijo que la asamblea realizada a las 14:00 horas del 15 de diciembre de 2015 fue convocada por José García Durán (comisariado), Eleazar Blanco Negrete (Secretario) y Antonio Acosta Arias (Tesorero). Al revisar la asignación de propiedades ejidales para cada uno de los ejidatarios, posterior a la asamblea, Javier Roa se percató de que en el acta de asamblea no se había realizado la asignación de bienes a favor de Elvira Meza Mata, Ma. Guadalupe Roa Vargas y Graciela García Martínez (su mamá, tía y esposa respectivamente).

“Jamás se nos explicó el motivo por el cual a nosotros no se nos había hecho la asignación, siendo que teníamos con qué acreditar la posesión de nuestras propiedades”, afirmó el entrevistado.

Ante esto y con la finalidad de impugnar la lista de ejidatarios que aparecieron en el listado de FANAR, para que se les reconociera la posesión a él y su familia, en conjunto con un grupo de ejidatarios reconocidos, se inconformaron e impugnaron el acta del FANAR del 14 de diciembre de 2015, procedimiento que presentaron el 2 de marzo de 2016 ante el Tribunal Unitario Agrario del décimo primero en el Estado de Guanajuato.

Como represalia por la inconformidad presentada, los representantes o autoridades del Ejido San José de Ayala; José Aguilar Chávez (presidente del comisariado ejidal), Refugio Blanco Ramírez (secretario del Ejido) y Gerardo Vargas Cordero (Tesorero del ejido) sin el consentimiento de la asamblea de ejidatarios interpusieron en el año 2017 una demanda en la que se solicitaba expresamente “la restitución de 3 solares (casas-habitación) pertenecientes a Graciela García Martínez, José Javier Roa Meza y a la ejidataria Ma. Guadalupe Roa Vargas”.

A pesar de que Javier Roa y sus familiares presentaron pruebas de la legítima posesión de las propiedades, sus pruebas fueron desestimadas por el Tribunal Unitario Agrario número 11, lo que derivó en una sentencia condenatoria en contra del quejoso, quien fue emplazado para que desocupe y entregue la casa de su mamá, la de su esposa y la de su tía, donde han vivido varios años y que son el único patrimonio que poseen.

El entrevistado señaló que el Tribunal Agrario no tomó en cuenta las pruebas que fueron presentadas por los demandados. «Ellos se basaron en que dentro del expediente obraban todas las firmas de los ejidatarios de la comunidad; con las firmas buscaban comprobar que los ejidatarios estaban de acuerdo con que nos retiraran las propiedades. Sin embargo, nosotros hablamos posteriormente con quienes habían firmado y estaban sorprendidos, puesto que no sabían que sus firmas serían usadas para quitarnos nuestras casas», enfatizó el ejidatario huanimarense.

Entre las pruebas presentadas tanto a la Procuraduría Agraria como al Tribunal Agrario, explicó que se encuentra un contrato de compraventa que comprueba la propiedad de una de las casas. «Con eso queda de manifiesto que el Tribunal Agrario en todo momento actuó a favor de la junta ejidal para quitarnos nuestras propiedades, porque en ningún momento valoró nuestras pruebas», citó.

El huanimarense y su familia han librado solos una batalla legal por casi 8 años, pero ahora están a punto de quedarse sin patrimonio a consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal Agrario. Por lo que hizo un desesperado grito de ayuda al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y al propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para que una autoridad superior revise el proceso con la finalidad de encontrar las fallas y omisiones en que incurrieron las autoridades agrarias antes de que pierdan el único patrimonio que han construido con su trabajo y esfuerzo.

Información. Periódico Correo.