Al menos 19 empresas que prestan el servicio de laboratorio clínico y banco de sangre en el sector salud pertenecen al “Cártel de Sangre”, por lo que ya se inició un proceso en su contra. Así lo anunció Roberto Salcedo Aquino, titular de la Función Pública (SFP).

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SFP explicó que seis de las 19 empresas acusadas de corrupción incurrieron en prácticas monopólicas. Por lo que sancionaron a 13 y las inhabilitaron entre uno y siete años para participar en procedimientos públicos de citatorios. También aplicaron multas que alcanzan los 2 mil millones de pesos.

“De las 121 empresas que prestan el servicio, 102 han actuado conforme a la ley, tanto en el proceso de contratación como en la prestación del servicio. Las restantes 19 empresas han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración al haber realizado acuerdos con objeto de repartirse ilícitamente las contrataciones mediante la omisión de información…Además, seis de las 19 empresas incurrieron en prácticas monopólicas” dijo Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública sobre el “Cártel de Sangre”.

Continúan investigaciones sobre el “Cártel de Sangre”

Salcedo Aquino mencionó que hay otras 23 investigación sobre la actuación del resto de las empresas. Mientras que de las 24 sanciones por inhabilitación y multa, ocho están firmes y 16 están en proceso porque interpusieron procesos de defensa como amparos y otras tácticas dilatorias para impedir que la sanciones cobren plena vigencia.

Por ese motivo, las empresas señaladas de corrupción pueden seguir participando en procedimientos de contratación, pues no es legal impedirlo, “se tiene dudas razonables sobre algunas empresas que para eludir las sanciones utilizan filiales y/o el cambio de su razón social, a fin de continuar en el mercado y en las contrataciones públicas sin que sea posible limitar su participación”.

De igual manera, la Secretaría de la Función Pública revisa la documentación de los licitantes a para ver si existe alguna situación anómala o de simulación que permita a los inhabilitados participar en licitaciones.

Información. Periódico Correo.