Aunque son conocidos los altos niveles de impunidad que existen en la mayoría de los delitos en el estado y el país, destaca que al tratarse de los que son cometidos por servidores públicos es aún mayor el porcentaje de los que quedan sin castigo, tanto en el fuero común como al federal.

Así lo confirman reportes oficiales: de 2021 al cierre de abril del presente año en Guanajuato se iniciaron 596 carpetas de investigación por delitos cometidos por funcionarios municipales o estatales -competencia del fuero común-, o servidores públicos de alguna instancia federal.

Es decir que, en promedio, cada mes se presentan 21 denuncias contra servidores públicos en Guanajuato, considerando ambos fueros.

Sin embargo, pese al cúmulo de denuncias, en ese periodo sólo se informó de la detención y vinculación a proceso de dos exservidores públicos a quienes sí se les acreditó el delito. Uno del fuero común y otro del federal.

Las casos de funcionarios en Guanajuato

La más conocida fue la detención del exjefe de Diconsa en Guanajuato, José Elías “A”, por su probable responsabilidad en el delito de desvío de recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

El otro caso es el del Fidel ‘R’, exfuncionario del municipio de Irapuato, hermano del actual consejero del Poder Judicial y exsubsecretario de Gobierno, Alfonso Ruiz Chico, que habría defraudado a empresarios locales a quienes entregó cheques sin fondos.

Sin embargo, la gran mayoría de los expedientes abiertos en Guanajuato contra exfuncionarios municipales, estatales o federales, siguen impunes al no demostrarse su participación en los hechos denunciados.

Entre los delitos más comunes perpetrados por servidores públicos se encuentran el enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito de servicio público, peculado y falsificación de documento.

Los únicos que cayeron en Guanajuato

El pasado 7 de mayo, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Fidel ‘R’, exfuncionario del gobierno de Irapuato y hermano del actual consejero del Poder Judicial, Alfonso Ruiz Chico.

Se encuentra acusado de defraudar a empresarios locales, a quienes entregó cheques sin fondos, motivo por el cual se fue país. Sin embargo, la primera semana del mes de mayo habría cometido una falta administrativa que lo llevó a ser detenido en El Paso, Texas.

Las autoridades norteamericanas se percataron de las órdenes de aprehensión en su contra y fue deportado al Centro Penitenciario de Irapuato, donde será proceso por fraude y desfalco.

Es miembro activo del PAN y fue secretario particular del alcalde Mario Turrent Antón en el periodo 2009-2012.

Vinculan a proceso a exjefe de Diconsa en Guanajuato

El 2 de abril, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación a proceso de José Elías “A”, exjefe de Diconsa en Guanajuato, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en el caso de desvío de recursos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Se dio a conocer José Elías “A”, enfrentará un juicio por su probable responsabilidad en un desfalco de más de 10 mil millones de pesos.

El exfuncionario federal se desempeñó como jefe de almacén de Diconsa en el estado de Guanajuato y estaría involucrado en la simulación de la adquisición de 7 mil 800 toneladas de azúcar.

Faltas administrativas sí las comprueban en Guanajuato

Existen activas 27 inhabilitaciones contra exfuncionarios estatales o municipales debido a diferentes violaciones de la normativa, entre las cuales destacan algunas hasta por 20 años, revela el Registro Estatal Único de Servidores Públicos y Particulares Sancionados en Guanajuato.

Tal es el caso de José David Baeza López, exfuncionario en Celaya inhabilitado desde el 2 de agosto de 2016 por violar el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Su castigo concluye hasta agosto de 2036.

Dicho artículo cita: “Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a los que tenga acceso por su función”.

También destaca la inhabilitación de Aurora Guadalupe Rangel Moreno de la Tesorería Municipal de León, que terminará de ‘pagar’ su inhabilitación de 15 años hasta el 1 de septiembre de 2037, debido a que se comprobó el abuso de funciones como servidor público.

Otro caso relevante es el de Eduardo García Sánchez, extrabajador de la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, inhabilitado durante 10 años por incumplir con el correcto cuidado y uso de los recursos públicos.

Otros empleados de esa misma secretaría han visto extendidas sus sanciones de inhabilitación por diversos motivos, como Julio Adrián Barbosa Baltazar, encargado de atención en caja recaudadora de Valle de Santiago, sobre quien pesan seis diferentes inhabilitaciones que terminará de pagar hasta enero de 2024.

Información. Periódico Correo.