Guanajuato fue el segundo estado donde una mayor cantidad de servidores públicos fueron sancionados por violaciones a derechos humanos, y la Fiscalía General del Estado es la autoridad más señalada por este tipo de problemas.

Así lo establece el Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2022, elaborado por el INEGI, con base en información del 2021. 

En él se detalla que el año pasado se iniciaron 878 expedientes de queja donde se presume la comisión de 1 mil 099 actos presuntamente violatorios de derechos humanos. 

El principal motivo de queja es la violación del derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, señalada en 400 expedientes, seguida por actos y omisiones que transgreden el derecho a un adecuado funcionamiento de la administración pública, indicado en 234 casos. 

En tercer lugar están las violaciones a la integridad y seguridad personal, lo cual es señalado en 196 expedientes de queja. 

Asimismo, vale la pena mencionar que en 19 expedientes también se alegan tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en 13 se alega que hubo tortura. 

En los 878 expedientes de queja calificados por la Prodheg como presuntas violaciones a derechos humanos, la autoridad más señalada es la fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, que aparece en 297 casos, es decir, en una tercera parte. 

En segundo sitio están las corporaciones de seguridad pública, como policías municipales o tránsitos, mencionadas en 249 expedientes de queja, seguidas por el Sistema Penitenciario Estatal, con 51 quejas y la Secretaría de Salud de Guanajuato, con 43. 

De acuerdo con el INEGI, de las 878 quejas atendidas por la Prodheg, solo 375 quedaron concluidas, mientras que las 503 restantes estaban en trámite al momento en que se elaboró el censo. 

Al respecto, la Prodheg logró en 147 casos conciliar a las personas afectadas con la autoridad denunciada, y emitió 32 resoluciones de recomendación: 10 para corporaciones de seguridad municipales, 6 para la Secretaría de Seguridad Pública del estado; 4 para la Fiscalía local, y 3 para el Sistema Penitenciario estatal, entre otras. 

Producto de estas recomendaciones, fueron sancionados 63 servidores públicos de Guanajuato, la segunda cifra más alta del país, solo por debajo de Jalisco, que sumó 187 funcionarios. 

De la mencionada cifra, 21 servidores guanajuatenses fueron amonestados, 15 fueron suspendidos de su empleo, cargo o comisión; 7 fueron despedidos e igual cantidad fueron arrestados, mientras que en 13 casos no se especifica la sanción. 

Información. Fernando Velázquez.

Foto. Periódico Correo.