Mientras las familias de personas desaparecidas se enfrentan al dolor de perder a un ser querido y a no presentar denuncias por temor a represalias, los diputados locales se resisten a aceptar las observaciones hechas por activistas y colectivos de búsqueda en la creación de la Ley de Declaratoria Especial por Desaparición.

Así quedó evidenciado durante una mesa de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos para analizar, junto a activistas y colectivos de búsqueda, la Ley para la Declaratoria Especial de Ausencia, que busca facilitar a los familiares de personas desaparecidas el acceso a los bienes de la víctima.

El activista Raymundo Sandoval, solicitó a los legisladores modificar la redacción para que la ley se pueda aplicar también a las personas no localizadas y a las víctimas de trata.

La señora Concepción, madre que busca a su hija desde hace años, expuso a los diputados que desde 2018 su hija se encuentra como persona no localizada en los registros de la Fiscalía General del Estado, dos años en los que las empresas donde su hija adquirió créditos, continúan con los cobros mensuales.

Agregó que en Juventino Rosas conoce casos de desaparición forzada, pero por temor a represalias, los familiares no se atreven a denunciar, además de la revictimización a la que se enfrentan.

Pese a lo anterior expuesto, la presidenta de la comisión de Gobernación se limitó a responder que la ley estatal está basada en la federal, la cual no incluye entregar beneficios a las víctimas de trata y a personas no localizadas.

Información. Carmen Pizano.

Foto. El Otro Enfoque.