El personal del Congreso, incluidos diputados, podrían ser acreedores a una pena de prisión de uno a cinco años en caso de que a pesar de conocer que son portadores de COVID-19 se presenten a trabajar y pongan en riesgo de contagio a otras personas.

Tras los 14 casos confirmados en el Legislativo, se presentó un protocolo de prevención de coronavirus que establece los lineamientos que deberán seguir los trabajadores, a fin de evitar la propagación del virus.

En el protocolo se asentó que se interpondrán denuncias penales por el delito de ‘Peligro para la Vida y la Salud’ que se encuentra en el Código Penal del Estado, en contra de quien ponga en peligro de contagio a otro ciudadano de forma intencional.

El secretario general del Congreso, Ricardo Narváez Martínez dio a conocer que aún no se tiene fecha definida sobre el regreso de todo el personal al Legislativo, por lo que dijo que evalúan las áreas esenciales que requieren del trabajo presencial.

El Congreso local informó que al momento se han aplicado 68 pruebas a sus empleados, de las cuales 14 dieron positivos, donde se incluye a tres diputados.

Ricardo Narváez reveló que se aplicó la prueba ocho familiares del personal del Legislativo, con resultados negativos.

El protocolo que presentó el Congreso establece que se dará cuenta a la Contraloría interna si algún funcionario lo viola para abrir un proceso administrativo y aplicar la sanción correspondiente.

Información. Carmen Pizano.

Foto. Unión Guanajuato.