El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la American Chamber en México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales pidieron revocar el acuerdo que limita la participación del sector privado en energías limpias que publicó la Secretaría de Energía (Sener) el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En un comunicado conjunto, externaron que esta nueva política violenta el Estado de derecho y atenta contra la legalidad, la certeza jurídica y la libre competencia del sector energético.

Criticaron que el acuerdo se publicó sin respetar los procesos legales y normativos.

“Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”, detallaron.

Manifestaron que el sector privado e involucrados que son perjudicados por la medida van a agotar  los recursos jurídicos, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales, para salvaguardar la integridad del Estado de derecho y defender a la industria energética del país como un motor de desarrollo.

“Es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano. A través de este instrumento, la Secretaría de Energía (Sener) usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”, detallaron.

Efectos

Advirtieron que la publicación del acuerdo, sin respeto a los procesos legales y normativos representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, lo que causará consecuencias como la pérdida de empleos, además de la confianza de los inversionistas para desarrollar proyectos.

Calcularon que las afectaciones para los proyectos eléctricos de todas las tecnologías pegarán a 18 entidades, que concentran inversiones por más de 30 mil millones de dólares. ‘El universal’ publicó ayer que a consecuencia de esta acción se abrieron las puertas a una lluvia de amparos, demandas y litigios administrativos de empresas privadas directamente involucradas en el ramo que operan o buscan participar en México.

Añadieron que además de discriminar a las energías renovables, faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

Prevén indemnizaciones multimillonarias

El PRD en la Cámara de Diputados alertó que México tiene “asegurada la derrota” en demandas, controversias y procesos de arbitraje internacional que seguramente se interpondrán para oponerse a la nueva política, advirtió el diputado Antonio Ortega, del PRD. Las consecuencias serán desastrosas, en este momento hay procesos de construcción de parques industriales de energías renovables y limpias en el país y 22 más proyectados para los próximos años. Cada uno de significa tres o cuatro años de planeación, de acumulación, de cumplimiento de expedientes, de contratación de personal.

El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, señaló: “se imponen pruebas y limitaciones para las nuevas centrales de generación de energía a través de métodos renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe construcciones en lugares que se consideren congestionados o con poca capacidad de transmisión” por lo que hay estatización.

Agregó que habrá un daño económico y ya hay preocupación y protesta de las embajadas de Canadá y las 19 naciones que integran la Unión Europea, pues se ponen en riesgo inversiones por más de 6 mil 500 millones de dólares por parte de las empresas de sus países que están en México. Por todo ello el legislador consideró necesario el reemplazo inmediato de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García y los directores de CFE, Manuel Bartlett Díaz y de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza.

Información. Periódico Correo.