Guanajuato es la entidad donde más niñas, niños y jóvenes fueron víctimas de homicidio del 2015 al 2019, hecho que es atribuible a la creciente violencia en el estado, pero también a que las autoridades locales han sido omisas en procurar su cuidado y crianza.

Así lo aseguró Rebeca Aguayo, coordinadora del área de investigación del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA), quien apuntó que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 5 años se han registrado 2 mil 026 homicidios de menores, es decir, más del doble en comparación con el segundo lugar que es Tamaulipas -955 casos-.

Del total de casos en Guanajuato, detalló Aguayo Sánchez, el 60 por ciento fueron clasificados como homicidios culposos, pero también en 6 de cada 10 no se identifica el elemento que ocasionó la muerte, lo cual, dijo, habla de deficiencias en la investigación ministerial o que la Fiscalía General del Estado manipula la información.

Además, indicó que si bien no se puede descartar que la cifra de homicidios de menores esté vinculada al crimen organizado, tampoco se le puede atribuir a este fenómeno todos los casos.

Exigen mejorar la Ley

NIMA es una de las 12 organizaciones civiles que conforman la Plataforma política de mujeres y organizaciones en defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, la cual busca reformar la ley estatal en la materia.

Según explicó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Ley de derechos de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato fue la peor evaluada en el Índice de Medición de Calidad de Leyes realizado en el 2016, con una calificación de 4.4 sobre 10.

En tanto, Rebeca Aguayo apuntó que si bien apenas en noviembre del 2019 fue modificada y mejoró, aún dista mucho de apegarse a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, principalmente por dos motivos: primero, porque establece un capítulo de deberes, lo cual condiciona los derechos de los menores; y segundo, porque omite los temas de salud y educación sexual integral.

Por lo anterior, el pasado lunes la Plataforma solicitó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la perredista Claudia Silva, una audiencia para abordar el tema, la cual se prevé suceda este mismo mes.

Información. Fernando Velázquez.

Foto. El Salmantino.