Permitir que el menor acusado de atropellar y matar a cuatro jovencitas en Cuerámaro quedara en libertad, fue el inicio de la peor pesadilla de la otrora jueza calificadora Tania González, que ha visto amenazada su integridad y la de su familia, debido a que el gobierno municipal lanzó una campaña de desprestigio en su contra, culpándola de todo lo que pasó, con tal de apaciguar la furia de los pobladores, tras los hechos ocurridos la madrugada del 25 de noviembre.

No sólo la obligaron a renunciar y desde entonces está sin empleo, sino que el propio gobierno local que encabeza la panista Ana Bueno, le ha sugerido que abandone el municipio, por su propia seguridad, sostuvo la abogada cueramarense.

Entrevistada por correo en su domicilio, reiteró que ella actuó conforme a derecho, y acusó a la autoridad municipal de emprender una persecución en su contra para tratar de menguar la crisis que vive el municipio

“Desde un principio se debió informar de manera veraz a la sociedad cómo estaban las cosas, pero no fue así. En el primer comunicado, el municipio aceptó que se dejó ir al menor, pero no se explicó el sustento legal (…) Todo esto me ha cambiado demasiado la vida. Desde entonces ha sido un miedo que tengo por las repercusiones que pueda tener la sociedad en mi contra, todo por un trabajo que señalan que yo hice mal”.

E insistió: “Yo sé que todo se hizo en apego a la ley. El miedo que yo tengo es por todas las mentiras que han estado saliendo. Me puedan afectar en mí en mi persona y mi seguridad. Prácticamente me ponen en riesgo y más con este último comunicado que acaban de sacar, donde me quieren hacer responsable, cuando ni siquiera lo soy”, reiteró.

Ya no había flagrancia

La exjueza Tania González sostiene que nunca tuvo las herramientas legales para mantener detenido a Juan de Dios, el menor señalado como autor del homicidio de cuatro menores de edad.

Narró que ella supo del accidente entre 21:15 y 21:20 horas del domingo 24 de noviembre, y que enseguida tuvo que trasladarse al sitio donde las jovencitas fueron arrolladas, para entregar los formatos de cadena de custodia.

Expuso que tres horas después –cerca de las 00:20 horas—, se le notificó que en barandilla estaba una persona detenida, que había sido arrestada por escandalizar en la vía pública y agredir a terceros, y que al llegar a los separos para recabar los datos del menor, es cuando le informaron que éste habría estado implicado en el atropello de las cuatro jovencitas.

Sin embargo, advirtió que por el tiempo que había transcurrido, ya no existía flagrancia que marca la ley, para mantenerlo detenido.

“Fue presentado por los policías por una falta administrativa. No había flagrancia ni denuncia, el Ministerio Público no lo había requerido tampoco”, explicó.

La abogada aseguró que la agencia especializada del Ministerio Público de Cuerámaro fue informada de la detención del menor, “pero ellos señalaron que no se podía poner ya a disposición, debido a que había transcurrido mucho tiempo y ya no se podía acreditar ningún tipo de delito”.

“Ya se habían perdido todos los supuestos que señala el artículo 146 del Código Nacional del Procedimientos Penales. No se acreditaba ninguno de ellos, debido a que no se había detenido a la persona en la comisión de un delito, ni instantes después. La acusación ya se no se acreditaba porque había perdido inmediatez”, insistió.

Aunque en un video que circuló en redes sociales se afirmaba que el menor estaba armado cuando fue detenido, la juez calificadora aclaró que ella nunca recibió en custodia algún arma de fuego.

Reiteró que nunca tuvo las pruebas legales para retenerlo por más tiempo.

“Ahorita las leyes amparan mucho y velan por los derechos de los menores. En este caso, (…) hice todo el procedimiento por la falta administrativa y se aplicó la sanción prevista en el artículo 40 del Reglamento de Seguridad Pública, que menciona las sanciones que se pueden tener es amonestación, arresto por 36 horas o multa”.

“No se podía retener las 36 horas debido a la edad. De haberlo hecho estaríamos hablando de una retención forzada, y retenerlo sin sustento legal hubiera desencadenado otros procedimientos en nuestra contra”, advirtió.

Todos contra ella

Tania González criticó el comunicado del gobierno municipal en el que la señalan como la causante del problema, y denunció además que desde entonces ha sufrido hostigamiento por parte de la autoridad, e incluso le han pedido que ella y su familia abandonen el municipio.

No obstante, aseguró que buscará en apoyo de las instancias para que la investigación se realice de manera imparcial y no se convierta ella en un “chivo expiatorio”.

“El comunicado que ellos dieron no tiene ningún sustento legal. Creo que sólo se está buscando culpar a alguien, pero lo que hice fue en apego a la ley. Creo que si hubiera algún procedimiento en mi contra se hubiera iniciado de inmediato, desde el principio y se le demostró a la misma alcaldesa de muchas maneras, se le entregaron informes señalándole cómo era la forma en que se había procedido”.

“Prácticamente ahora se me pone en riesgo, pone en riesgo mi seguridad y todo, porque me está afectado en todo sentido… Yo me siento como una víctima más en este momento, ahora dicen que la contraloría va a empezar una investigación, eso debió ser en el momento, ahorita creo que ya ha pasado mucho tiempo y creo que únicamente ya es para buscar un responsable”, reiteró.