Pasándose por alto los estatutos del Servicio Civil de Carrera para el Poder Legislativo, en el Congreso contrataron en los primeros seis meses del 2019 a 23 personas sin previa convocatoria.
Entre los recién contratados se encuentran cinco militantes panistas que tienen sueldos mensuales entre los 30 mil y 80 mil pesos brutos. Uno de los que obtuvo el contrato fue Fernando Antonio Acosta Cervantes, sobrino del actual presidente del Congreso, el panista Juan Antonio Acosta Cano.
También se otorgaron contratos temporales para personal que ya laboraba en el Congreso pero que se beneficiaron con una retabulación, tal es el caso de Mariana Patricia González Díaz, hija de la actual directora de Tecnologías de la Información, quien en solo un año pasó de nivel 4 al 8 en el tabulador, que representa un incremento al salario bruto mensual de poco más de 15 mil pesos.
En el artículo 23 de los Estatutos del Servicio Civil de Carrera se establece la obligatoriedad de emitir convocatorias para cualquier vacante o plaza de nueva creación, pero en el mismo portal de internet del Congreso se reconoce que en lo que va del año no se han emitido convocatorias para ocupar cargos públicos.
Fernando Antonio Acosta comenzó a trabajar para el Poder Legislativo el 5 de marzo pasado, es decir, 20 días después de que su tío, el panista Juan Antonio Acosta Cano, asumió la presidencia del Congreso.
El sobrino del diputado fue contratado como asesor B en la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativa con un sueldo bruto por 39 mil 213 pesos.
Ana María Ramírez Razo, panista del municipio de León, fue contratada el 16 de mayo como coordinadora B en la dirección de Desarrollo Institucional con un sueldo de 52 mil 135 pesos brutos.
Antonio Álvarez Pacheco también está inscrito en el padrón de militantes panistas y fue contratado el 16 de enero como asesor B de la dirección de Mantenimiento con un nivel 10, que representa un sueldo mensual de 39 mil 213 pesos.
Diego Ceballos Saavedra es el panista de reciente contratación con el sueldo más bajo, aunque éste representa una percepción bruta de 31 mil 49 pesos mensuales como jefe de departamento A del Instituto de Investigaciones Legislativas.
La contratación para el cargo más alto en los últimos seis meses fue para el titular de la dirección de Desarrollo Institucional: José Julio González Garza, también militante del PAN, que llegó al lugar que dejó Claudia Vanessa Esqueda Méndez.
En tanto, Mariana Patricia, la hija de la directora de Tecnologías de la Información, es psicóloga con cédula en trámite, así lo refiere su currículum. En el ámbito privado trabajó como reclutadora para una empresa con sede en Querétaro y la Ciudad de México.
Patricia Díaz, directora de Tecnología de la Información y mamá de Mariana Patricia, llegó al cargo desde el 2002. Es militante panista desde el año 2011 según el registro nacional del partido político.
Otros de los trabajadores del Congreso que recibieron nuevos contratos para subir su nivel tabular son: Aldo López Ling Hernández que pasó del nivel 7 al 10 en la Contraloría Interna del Poder Legislativo.
En el caso de Eva Suaste Argote pasó del nivel 6 al 7 en la misma Contraloría Interna. Frida Sánchez Hidalgo dejó de ser auxiliar administrativa con nivel 5 en la dirección de Administración para pasar a jefe de departamento B con nivel 7 de la dirección de Contabilidad.
Información. Carmen Pizano
Foto. El Político MX
