Crimen organizado lucha por el control de la región Bajío-Occidente del país.

El robo de alrededor de dos decenas de contenedores del puerto de Manzanillo, Colima, representa apenas la más reciente evidencia de la desbordada actividad criminal en la región Bajío-Occidente del país, misma que en los últimos años, se ha posicionado en los primeros lugares de inseguridad y violencia a nivel nacional.

De acuerdo con el informe mensual presentado por el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los 12 mil 737 homicidios dolosos cometidos entre enero y mayo de 2022, tres mil 312 tuvieron lugar en Guanajuato, Michoacán o Jalisco. En los nueve estados de la región se cometieron cuatro mil 697, casi el 37 por ciento de todo el país.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas muestra que entre 2006 y mayo de este año, 25 mil 930 personas desaparecieron en alguna de las entidades que componen la región Bajío-Occidente, con Jalisco encabezando el listado nacional con 13 mil 335 desapariciones durante este periodo.

Aunque en la región también se encuentran Aguascalientes y Querétaro, que mantienen bajos índices de violencia, son la excepción ante la constancia de los enfrentamientos y el descubrimiento de fosas clandestinas, como lo muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el pasado mes de marzo.

De los 20 municipios de la región censados, más del 81.3 por ciento de los pobladores dijeron sentirse inseguros en Zacatecas, Fresnillo, Irapuato, Guadalajara, Uruapan, Colima y León. En Morelia, San Luis Potosí, Tonalá, Manzanillo, Tlaquepaque, Tlajomulco y Guanajuato, no menos del 63.7 por ciento de los habitantes reportaron lo mismo.

Para analizar el panorama de la región, Reporte Índigo entrevistó a José Luis Hernández-Ramírez, candidato a doctor en Seguridad y Ciencia Criminal por la University College London, quien plantea que, aún con su crecimiento económico y estabilidad política, el Bajío-Occidente resulta atractivo para el crimen organizado por su desarrollada conectividad.

“Dada la facilidad de conexión que ofrece el Bajío, este sistema de conectividad se ha vuelto una red codiciada por los grupos delictivos dado que su control hará que puedan transportar de manera más eficiente sus mercancías ilegales a Norteamérica y a los puertos del Golfo de México”, José Luis Hernández-Ramírez.

Aunado a esto, menciona que hay una serie de factores que han llevado a cada entidad a esta situación. Por ejemplo, por el puerto de Manzanillo ingresan los precursores químicos para drogas sintéticas elaboradas en laboratorios de Michoacán o Jalisco. Mientras que en Guanajuato, el robo de hidrocarburos ha detonado los índices de violencia.

“Si hablamos de cómo la ciudadanía percibe a las instituciones de seguridad federal, algunas de las ciudades de esta región tienen los índices más bajos respecto a la confianza que se les tiene”, plantea el exintegrante de la Comisión Nacional de Seguridad especializado en análisis geoespacial de la incidencia delictiva.

“Si bien hay entidades del Bajío-Occidente que lideran algunos de los indicadores de delitos, hoy en todo el país hay un incremento considerable en la violencia. La falta de resultados de la estrategia federal, así como potenciales colusiones de gobiernos locales con organizaciones delictivas han hecho que el país se vea envuelto en un espiral de violencia”.

Por su parte, José Antonio Ortega, fundador y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, señala en entrevista con Reporte Índigo, que los altos índices de actividad criminal que hay en la región Bajío-Occidente, en el contexto de violencia del país, supera los 123 mil 500 homicidios dolosos desde que inició el sexenio de López Obrador.

“Parte de esos homicidios se están dando en esta región del Bajío-Occidente y no solamente los homicidios, sino que cada vez más vemos cómo las milicias privadas de las organizaciones criminales actúan con toda impunidad y, a pesar de que las Fuerzas Armadas están presentes en esos lugares, la orden que tienen es de no intervenir.

“Es evidentemente que las plazas se las pelean. ¿Michoacán por qué se lo están peleando? Porque ahí están los laboratorios”, también hace hincapié en que “es muy grave lo que está pasando en estos lugares y es más grave que la autoridad de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina no intervenga”.

Destacando casos como los asesinatos en Zacatecas o las persecuciones y hasta detenciones a elementos de las Fuerzas Armadas en Michoacán, considera que “estas milicias privadas de las organizaciones criminales están empoderadas porque no pasa absolutamente nada. Se pueden pasear en vehículos blindados y vestidos con uniformes militares”.

Recordando las cifras manejadas por autoridades de Estados Unidos respecto a que hasta una tercera parte del territorio nacional estaría bajo control de las bandas criminales, Ortega advierte que “este crecimiento de las milicias privadas de los grupos criminales a lo único que nos va a llevar es a que nuestro país sea una selva”.

Información. Reporte Indigo.

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