Senado congela leyes de avanzada; última década.

Después de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que colocó a México en la vanguardia mundial, en la última década la agenda del Senado ha sido rehén de los extremos de las agendas social, cultural y de salud, pues las presiones de progresistas y conservadores marcan el ritmo de su trabajo; incluso, congeló una iniciativa presidencial para reconocer a las familias homoparentales. 

Desde 2012 hasta 2018 la presencia de legisladores de extrema derecha, entonces militantes del PAN, como José María Martínez y Lisbeth Hernández, del PRI, trataron de imponer una agenda de rechazo a la inclusión en las leyes de los derechos reproductivos de las mujeres, el reconocimiento de la diversidad sexual y el derecho al consumo de mariguana. 

El activismo de los grupos de extrema derecha, ligados con diversos senadores del PAN y del PRI llegó al grado que las entonces senadoras Cristina Díaz y Diva Gastélum, del PRI; Adriana Dávila, del PAN y Angélica de la Peña, del PRD, fueron acusadas de fomentar la ruptura de los valores de la familia y fueron víctimas de diversas formas de violencia, tanto en sus entidades federativas como en sus oficinas y en las redes sociales. 

Las senadoras fueron literalmente perseguidas en diferentes espacios públicos y privados cuando decidieron hacer cambios a la ley que sanciona la trata de personas, porque pusieron candados a la intermediación de organizaciones cívicas, como la encabezada por Rosi Orozco, de la Comisión Unidos contra la Trata, a quien acusaron de lucrar con el tema de la trata. 

La entonces activista ligada al calderonismo emprendió una campaña de linchamiento en contra de las senadoras Diva Gastélum, Adriana Dávila y Angélica de la Peña, de quienes incluso se difundió información personal y familiar para desgastarlas. 

La decisión de ellas y el respaldo de la mayoría de los senadores logró avanzar en diversos temas como la Ley General de los Derechos a las Niñas, Niños y Adolescentes, pese a que el entonces el senador panista, José María Martínez, metió hasta sacerdotes a la sesión del pleno del Senado para que cabildearan con todos los senadores, de todos los partidos, a fin de impedir que se introdujera en la ley los derechos sexuales de la infancia. 

INICIATIVA ADOLESCENTE 

Construida de la mano con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), esta ley de protección a los menores de edad en México los reconoce como sujetos de derecho y los antepone por encima de otro interés personal, tanto del gobierno como de los adultos, incluidos sus padres. 

El 29 de septiembre del 2014, desde la tribuna del Senado, el entonces panista José María Martínez intentó que se retirara la referencia a los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad, porque, según él, propicia el aborto, incluso generó la inconformidad de la izquierda por la presencia de dos pastores evangélicos que cabildearon en el propio pleno, la mayoría de los senadores rechazó la posición de José María Martínez. 

La lucha de la ultraderecha que representaron José María Martínez y Lisbeth Hernández, del PRI, logró que les permitieran crear una comisión ordinaria del Senado, denominada Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, que presidió primero el panista y luego la priista. 

Pero esa Comisión sirvió más para el ataque a las formas diferentes de preferencias sexuales que se expresan en el territorio nacional. 

ENFRENTAMIENTOS 

El 12 de junio del 2014, el Senado instaló la inédita Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano. 

Su presidente, José María Martínez, anunció que “tenemos que cerrar la puerta ya a algunas entidades o algunos políticos que están pensando más en modas o en tendencias o incluso que nos han llevado a pensar en la muerte. 

“Tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan la familia, a la mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto. Queremos trabajar en función exactamente de la vida”, dijo. 

El legislador explicó que la importancia de esta Comisión “radica” en los retos que tiene la familia, que incluso carece de una definición jurídica que armonice el sentir de todos los mexicanos, pues “hoy los legisladores se han pronunciado por un concepto. 

“Hoy la Corte ha metido de más su criterio y, discúlpenme mi atrevimiento, en términos de la familia y hoy algunos estados, en concreto el Distrito Federal, ha ido más allá; ha ido incluso a través de modas, tendencias, readoptar este modelo de familia, sin que ellos nos signifiquen a la mayoría de los mexicanos”, criticó. 

La entonces incipiente actividad de los ciudadanos en redes sociales como Twitter llevaron el tema a discusión y durante cinco días posteriores a 2014, organizaciones y líderes sociales, académicos y personas que se consideraron afectadas, mostraron una rebelión en Twitter en contra de José María Martínez, por utilizar una instancia del Estado laico para combatir el aborto y las familias de parejas del mismo sexo. 

El entonces senador panista se enfrentó incluso con otros legisladores federales y recibió respaldo de diversas cuentas relacionadas con los grupos de ultraderecha. 

Fue tanta la crítica que el 18 de junio, el entonces presidente del Senado, Raúl Cervantes; el líder priista, Emilio Gamboa, y el entonces líder perredista, Luis Miguel Barbosa, salieron a aclarar que la posición de José María Martínez no era reflejo de la posición del Senado. 

El 24 de junio grupos académicos de todas las universidades públicas del país y diversas organizaciones sociales acudieron al Senado para pedir la desintegración de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano que presidía el panista José María Martínez, porque consideraban que la visión personal del legislador atentaba contra las libertades ciudadanas consagradas en la Constitución. 

Diversos senadores panistas rechazaron la posición de su compañero y el entonces presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, explicó que no estaba de acuerdo con la posición del vicecoordinador del grupo parlamentario en el Senado, y aclaró que el PAN respeta los derechos y preferencias sexuales de todos los mexicanos. 

DERROTAS Y VICTORIAS 

La lucha de senadoras y senadores del propio PAN, PRI y PRD por avanzar en los derechos de los ciudadanos mexicanos llevó a que se dejaran en la congeladora una serie de propuestas de los legisladores conservadores y de grupos ciudadanos que intentaron llevar a la ley la prohibición a la integración de familias de personas del mismo sexo, al definir el concepto familia como un núcleo formado sólo por un hombre y una mujer. 

Una de esas propuestas se convirtió en una iniciativa ciudadana, que se presentó el 23 de febrero del 2016 al Senado, entregada por el Consejo Mexicano de la Familia y denominada “Reforma por la Familia, por los Niños y por Todos”, soportada en más de 200 mil firmas, que proponía modificar el artículo cuarto de la Constitución Política para garantizar que se reconozca al matrimonio como una institución de interés público y fundamento de la familia. 

Sin embargo, la fuerza de esos senadores progresistas no pudo evitar que se quedara en la congeladora la iniciativa del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para reconocer a esas parejas del mismo sexo y validar su derecho a la adopción de infantes desde la Constitución Política. 

La campaña mediática, en escuelas, templos católicos y evangélicos y redes sociales en contra de la iniciativa de Enrique Peña Nieto provocó una fuerte presión en priistas y panistas, porque además la pre-sentó un mes antes de las elecciones intermedias del 2015, lo que provocó que la estrategia electoral llevara a los priistas a no discutir la propuesta presidencial, por el temor de los impactos electorales. 

LUCHA POR LA CANNABIS 

Pero no fue la única batalla que se registró en el Senado en el periodo del 2012 al 2018. Otro tema que generó el intenso cabildeo de organizaciones identificadas con el conservadurismo fue el consumo medicinal de la mariguana. 

Inicialmente, la priista Cristina Díaz, entonces presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, emprendió un trabajo intenso por lograr que el tema del consumo del cannabis se pusiera en la mesa de discusiones del Senado. 

Su propósito original era avanzar en la autorización plena del consumo lúdico y en el uso medicinal de la hierba; sin embargo, recibió críticas incluso dentro de la propia bancada del PRI y de su entonces aliado, el Partido Verde. 

El 17 de junio del 2016, la decisión del PRI de considerar dañino el consumo del cáñamo llevó al Senado a decirle no a la petición de los padres de la niña Grace de legalizar la importación y producción del suplemento alimenticio que le permite tener una mejor calidad de vida, y esperar hasta el periodo que comenzaba en septiembre, para ver si se modificaban las posiciones que generaron incluso confrontaciones. 

Durante la reunión privada en la que se decidió cancelar el proceso legislativo, la entonces senadora del Partido Verde, María Elena Barrera, insistió de manera tajante que el cáñamo, parte de la planta de cannabis, es una sustancia adictiva, que puede generar problemas de salud, a pesar de que internacionalmente es considerada como una sustancia no nociva; incluso con ella se elaboran complementos alimenticios, porque conserva las propiedades curativas de la mariguana. 

Posición que respaldaron los priistas Lilia Merodio y Ernesto Gándara, quienes informaron que el PRI no estaba convencido de aceptar la inclusión del cáñamo y no lo votaría. 

El Senado aprobó el uso medicinal de la mariguana, aunque sin las especificaciones necesarias, por lo que hasta ahora, seis años después, aún es complicado concretar en la realidad esa reforma. 

NUEVO ENFOQUE, MISMOS RETOS 

El arribo de una nueva Generación de senadores, en el año 2018, permitió darle un giro a la agenda legislativa para avanzar en derechos de las mujeres e instrumentos jurídicos para ayudarles a defenderse de sus agresores; sin embargo, aún ha sido insuficiente para avanzar en temas como la prohibición de las llamadas terapias que intentan impedir la diversidad sexual de las personas o para concretar el uso lúdico de la mariguana. 

En la generación de senadoras y senadores que comenzaron a trabajar en 2018, ahora con el dominio de Morena, no existe ninguno que abiertamente se haya declarado enemigo de las familias homoparentales, la legalización de la mariguana lúdica, aunque sí los panistas se han expresado como antiabortistas. 

Sin embargo, los intentos por avanzar en la llamada agenda progresista se han topado con los mismos retos: una fuerza ciudadana que desde dentro y fuera del Senado no quiere que avance esa agenda, aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que en septiembre sí habrá condiciones para concretarlas. 

Información. Periódico Excélsior.

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