Mientras el crimen organizado avanza en el país, el Ejército y la Guardia Nacional retroceden.

Durante las primeras dos semanas de mayo, las bandas del crimen organizado han dado muestras de operar con total libertad en el país, lo mismo asesinando civiles que intimidando a los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. Si bien el Gobierno federal promete cero impunidad, también mantiene su postura de evitar enfrentamientos.

El pasado 2 de mayo se dio a conocer que alrededor de 30 sicarios sometieron y desarmaron a miembros de la Guardia Nacional en la carretera Mazatlán-Tepic a la altura del municipio de Escuinapa, Sinaloa. Una semana después, las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García fueron acribilladas al salir de una tienda en Cosoleacaque, Veracruz.

Para el día 11 se difundió un video en el que un convoy, identificado como del Cártel Jalisco Nueva Generación, persigue a elementos del Ejército sobre la autopista Siglo 21 en Nueva Italia, Michoacán. En tanto que un comando asesinó a dos hombres mientras comían en un restaurante en Uruapan el día 15.

Ante las críticas por la persecución a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la postura “abrazos, no balazos” de su administración para evitar confrontaciones violentas con bandas criminales. Agregando que también se deben cuidar los derechos humanos de los delincuentes.

Para analizar este nuevo matiz en la crisis de violencia que vive el país desde hace casi dos décadas, Reporte Índigo entrevistó a Josué Ángel González, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien considera esto un signo preocupante en materia de seguridad pública.

“Estamos cosechando lo que se sembró desde el inicio del sexenio. La falta de una política clara de combate al crimen organizado ha tenido como consecuencia que sus expresiones vayan creciendo, por lo menos desde diciembre de 2018”, señala el también fundador de la Consultoría SIE al contrastar estos hechos con las promesas hechas a inicio de la actual administración.

Esto pues, señala, el primer mandatario y su equipo plantearon enfrentar las causas profundas de la violencia mediante los programas sociales implementados. Pero, a menos de ocho meses de que esta administración cumpla cuatro años de su inicio, este plan no ha significado una disminución de la incidencia delictiva, mucho menos la desmovilización de grupos criminales.

“Por un lado, tenemos esta política de atención a las causas profundas de la violencia, que debería ser la principal y no está dando resultados. Por el otro lado, tampoco hay una estrategia de combate a la delincuencia organizada y, por otro lado más, vemos de manera reiterada que a la delincuencia se le dan palmaditas en la espalda”.

Cuestionando las “cifras alegres” que se presentan en los informes mensuales de seguridad, destaca que “hay una realidad, que es absolutamente aplastante, que va más allá de las estadísticas, que es cruel, poco humana, sumamente violenta, atroz y que de alguna manera el presidente, con su discurso permanente, está tratando de ocultar”.

Por esto también alerta sobre el nivel de cooptación del Estado por parte del crimen organizado que se perfila tanto para el resto de este sexenio como para el siguiente. Algo que la misma Secretaría de Gobernación sumó, discretamente, a su Agenda de Riesgos de Gobernabilidad 2022, señalando los vínculos de los nuevos gobiernos municipales con grupos criminales.

“Combatir al crimen organizado no es opcional. La herencia más pesada de este sexenio, más allá de la economía u otros temas, es, insisto, no querer combatir a los grupos criminales. Por tanto, estarán, probablemente, en una de sus mayores expresiones y condiciones durante el próximo sexenio”, advierte González.

Después de las Fuerzas Armadas

Las imágenes del sometimiento de elementos en Sinaloa y, especialmente, de su persecución en Michoacán resultan particularmente preocupantes para el académico de la UNAM. Puesto que “las Fuerzas Armadas son la encarnación del Estado” y su repliegue representa, así sea de manera figurada, el retroceso frente al crimen organizado en lo que a soberanía respecta.

“La pregunta es ¿y después de las Fuerzas Armadas qué hay? Por mucho tiempo estaban las policías —municipales, estatales, la federal— y las Fuerzas Armadas se veían como el último recurso, es parte de un proceso histórico. Pero ahora tenemos a las Fuerzas Armadas fuera de los cuarteles, a la Guardia Nacional que al final del día también son militares y marinos”.

A esto añade los señalamientos y evidencias de que grupos del crimen organizado se movilizaron en determinadas localidades para fomentar o inhibir el voto de la ciudadanía durante las elecciones de 2021, mismas en las que se registraron un total de 102 candidatos asesinados, la mayoría en campaña para cargos municipales.

Pese a esta alarmante cifra, similar a los 133 asesinatos estimados durante las elecciones federales de 2018, el mismo López Obrador agradeció un día después a los miembros de grupos criminales por haberse “portado bien” durante los comicios de 2018. Lo que se suma a otros actos, cuando menos simbólicos, que igualmente alarman a González.

“Hay una responsabilidad, por acción o por omisión, del Estado frente al crecimiento de las organizaciones criminales. Vamos a llegar a un punto en que va a ser la cooptación absoluta del Estado, va a haber una penetración del crimen organizado en el Gobierno de México. Estamos en un momento en que no estamos haciendo nada”.

Información. Reporte Indigo.

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