El peor año para el activismo ambiental en México.

En enero de 2020, la mariposa monarca perdió a uno de sus más férreos defensores. Tras casi dos semanas desaparecido, el activista ambiental Homero Gómez González fue localizado sin vida en Michoacán.

Homero se dedicaba a la protección ambiental de los santuarios que albergan cada año a la mariposa monarca, la cual viaja más de cuatro mil kilómetros desde Canadá, atraviesa Estados Unidos y llega hasta los bosques de México.

La mariposa hace una de las travesías más increíbles de la naturaleza y es una especie en riesgo. La tala ilegal amenaza su supervivencia. Y Homero lo sabía, denunciaba a estas agrupaciones e invitaba a preservar su hábitat.

4 defensores del ambiente y de la tierra son asesinados cada semana, en promedio, según el informe de Global Witness.

Él es uno de los 227 activistas en todo el mundo que perdieron la vida por defender los derechos humanos, la tierra y el medioambiente el año pasado; y a quienes está dedicado el más reciente informe de la organización Global Witness.

El documento titulado “Última línea de defensa” revela que el 2020 ha sido el año más letal para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente no solo a nivel mundial, sino también en México, con 30 asesinatos en el país, un incremento del 67 por ciento respecto al 2019.

Con estas cifras, el país se sitúa como el segundo más mortal a nivel mundial, solo después de Colombia, donde 65 defensores y defensoras fueron asesinados. Mientras que Filipinas es el tercero, con 29 casos.

Tan solo estos tres países registran más de la mitad de todos los asesinatos documentados, dice el informe.

País mortal para el activismo ambiental e impune

En el caso de México, la explotación forestal estuvo vinculada casi a un tercio de los ataques contra los defensores de la tierra y del medio ambiente. Además, la mitad de las agresiones fueron dirigidas contra las comunidades indígenas.

Uno de los activistas fue Óscar Eynaud Adams, de 34 años, quien pedía que se respetaran a las comunidades indígenas de Baja California. Fue asesinado el 24 de septiembre de 2020.

“Yo soy indígena, yo soy kumiai, yo soy indígena de Nejí”, decía cuando se presentaba, recuerda su madre Norma, citada en el informe.

“Pese a que no está, la gente habla muy bonito de él. Dicen: ‘ojalá que sigan los pasos del activista kumiai’ y me siento orgullosa de que hayan hecho tantas cosas y de que haya dejado un gran ejemplo. También me siento triste, porque él ya no está y tenía tanto para aportar”, agrega.

Entre las 30 personas defensoras asesinadas por proteger el medio ambiente en México se encuentran Adán Vera Lira; Amalia Morales Guapango; Maurilio Hernández Martínez; Pablo Guzmán Solano y Paulina Gómez Palacio Escudero.

Sin embargo, la impunidad de los delitos contra las personas defensoras en el país sigue siendo alta: hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal, señala el estudio.

Pese a la situación, un avance que se señala en el informe es que, el 5 de noviembre, México ratificó el Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe. Este tratado establece compromisos para garantizar la participación ciudadana en la gestión ambiental, así como estándares de acceso a la información y toma de decisiones en materia también ambiental.

También menciona que los Estados deben garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras y tomar medidas para prevenir, investigar y llevar ante la justicia los ataques contra ellas.

Problema mayor

Pese a las altas cifras, Global Witness advierte que los datos son solo una subestimación y no reflejan la verdadera dimensión del problema, ya que en algunos países la situación a la que se enfrentan algunas personas es difícil de medir.

“Las restricciones a la libertad de prensa así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras pueden dar lugar a un subregistro.

“Sabemos que más allá de los asesinatos, muchas personas defensoras y comunidades también son silenciadas mediante la utilización de tácticas como las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización. Y estos tipos de ataques son aún menos denunciados”, se lee.

Además, señala que prácticamente tres de cuatro ataques registrados tuvieron lugar en las Américas, ya que de los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, siete están en América Latina.

“Según los informes, más de un tercio de los ataques se relacionaron con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otras infraestructuras.

“Sin embargo, es probable que esta cifra sea mayor, ya que las razones de estos ataques a menudo no se investigan ni se reportan adecuadamente”, señala.

El documento de Global Witness también indica que la agroindustria y la minería estuvieron vinculados a 17 ataques y desde el 2015, estos dos sectores han estado vinculados a más del 30 por ciento de todos los asesinatos que la organización ha documentado.

Otro hallazgo que se resalta es que una de cada 10 personas defensoras eran mujeres; y aunque esta cantidad pueda parecer menor, quienes actúan y se manifiestan pueden enfrentar amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual.

“Las mujeres suelen enfrentar un doble desafío: la lucha pública para proteger su tierra, agua y nuestro planeta, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias”, señala.

El informe indica que en muchas partes del mundo las mujeres aún están excluidas de la propiedad de la tierra y de las discusiones acerca del uso de los recursos naturales.

Alerta de la ONU

Recomendaciones de las Naciones Unidas a los gobiernos para la atención de la problemática de ataques contra los defensores del medio ambiente.

> Proteger a las personas defensoras de la tierra y del medioambiente. Cualquier legislación utilizada para criminalizar a las personas defensoras debe ser declarada nula y sin efecto.

> Exigir a las empresas e instituciones financieras radicadas en el país que se hagan responsables por la violencia y otros daños ejercidos contra estos activistas.

> Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso a través la investigación y enjuiciamiento de todos los actores involucrados.

> Publicar e implementar procedimientos sólidos de diligencia debida que busquen prevenir, identificar, mitigar y dar cuenta de los daños ambientales y de derechos humanos en sus operaciones globales.

> Adoptar e implementar una postura de tolerancia cero ante represalias y ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente.

“Prever y facilitar procesos de reparación efectivos cuando se produzcan daños e impactos adversos en materia ambiental y de derechos humanos.

Información. Reporte Indigo.

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