Mujeres, sin libertad sobre sus cuerpos en países en desarrollo.

El respeto a los derechos humanos de las mujeres es aún una tarea pendiente en muchos de los países del mundo, una problemática que se ve reflejada tanto en el ámbito social como en el político y el económico, y el cual afecta libertades como la libre determinación sobre sus cuerpos.

Ejemplo de ello es que casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria, de acuerdo con el más reciente informe del Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Este documento, el cual es el primero que realiza la ONU centrándose en la autonomía corporal, busca resaltar el poder y la capacidad que tienen las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

“La falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones que van más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud”, se advierte en el informe.

Ante esta realidad, la doctora Natalia Kanen, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, condena en el documento que en pleno siglo XXI millones de mujeres y niñas no sean dueñas de sus propios cuerpos.

“El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos. En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros”, resalta.

Uno de los factores clave para que esto no suceda, es que exista un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos alcanzados de las personas.

Prueba de ello es que únicamente el 71 por ciento de los 57 países analizados garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales, el 75 por ciento proveen legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción, y solo alrededor del 56 por ciento tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad para el género femenino.

Para la doctora Kanen, al no atender estos retos a la mayor brevedad posible, puede que lleguen a producirse círculos viciosos, los cuales son cada vez más difíciles de romper.

“No actuar lo más rápido posible implica un coste demasiado alto, ya que muchas mujeres y niñas morirán, se producirán más embarazos no deseados y abortos inseguros, lo que llevará a que más niñas abandonen la escuela, provocando que el potencial de las personas y las sociedades quede desaprovechado”.

Por el contrario, dijo que “si tienen más información y educación, podrán prosperar en igualdad de condiciones en un desarrollo sostenible”.

Mujeres, principales afectadas en la pandemia

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, la mayoría de la población mundial salió afectada; sin embargo, no a todos los golpeó por igual, siendo las mujeres uno de los grupos que más consecuencias negativas han vivido, sobre todo en sus derechos de salud sexual.

“La pandemia de coronavirus ha interrumpido gravemente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y ha obstaculizado la capacidad de las autoridades para responder a la violencia de género en un momento en que las mujeres y las niñas necesitan de estos servicios más que nunca”, advierte el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Por ello, se asegura que se debe hacer mucho más para garantizar que se satisfagan las necesidades más íntimas, pero esenciales, de las mujeres y las niñas del mundo mientras se lucha contra el COVID-19 durante los meses difíciles que se avecinan.

Pero no sólo eso, sino que es también esencial vigilar la seguridad de las mujeres mientras viven en confinamiento, ya que a pesar de que con el encierro se tiene la finalidad de evitar la propagación del virus, pueden acarrear consigo otro tipo de problemáticas.

“Las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo para luchar contra el COVID-19 intensifican el riesgo de violencia doméstica y los Gobiernos deben defender los derechos humanos de las mujeres y los niños y proponer medidas urgentes para las víctimas de esa violencia”, aseguró la ONU.

A esta advertencia se suma la de la carga laboral sin remuneración, la cual también ha aumentado para este grupo poblacional.

“Para muchas mujeres, las medidas de emergencia necesarias para luchar contra el COVID-19 han aumentado su carga con respecto al trabajo doméstico y el cuidado de niños, parientes ancianos y familiares enfermos.

“Para empeorar las cosas, las restricciones de movimiento, financieras y la incertidumbre generalizada envalentona a los perpetradores y les proporcionan poder y controles adicionales”, puntualiza, por su parte, la doctora Natalia Kanen, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Al respecto, el Fondo prevé que si el confinamiento continúa durante al menos seis meses más y los servicios de salud sufren graves trastornos, 47 millones de mujeres de países de ingresos bajos y medianos pueden quedarse sin acceso a servicios de salud sexual.

Además, también se estima que habrá unos 31 millones de casos adicionales de violencia de género.

Información. Reporte Indigo.

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