Tierra de desapariciones de mujeres adolescentes y niñas.

La posibilidad de desaparecer sin dejar rastro alguno es la realidad a la que se enfrentan las mujeres adolescentes mexicanas cada vez que salen a la calle.

Un problema que aumentó con la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 y que, al mismo tiempo, se encuentra estrechamente ligado con las actividades de los grupos del crimen organizado, la impunidad, la pobreza, la falta de educación y al enraizado machismo social.

“Es fundamental reconocer que la crisis sanitaria afecta a hombres y mujeres de manera diferente, pues exacerba desigualdades preexistentes para mujeres y niñas a quienes coloca en mayor riesgo de ser víctimas de violencia en tiempos de crisis como la actual”, señala el documento: Desaparición de Mujeres y Niñas en el Contexto de la Pandemia por COVID-19, elaborado por i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), una tercera parte de las personas desaparecidas y no localizadas en el país, está integrada por mujeres, de ellas, 90 por ciento o más son adolescentes (10-17 años) o apenas superan la mayoría de edad.

El problema no es nuevo, entre el 15 de marzo de 1963 y el día 30 del mismo mes pero del año en curso, las autoridades mexicanas tienen contabilizadas 86 mil 434 personas desaparecidas y no localizadas: 64 mil 457 hombres, 21 mil 462 mujeres y 515 se desconoce su sexo, es decir, que se desconoce su género.

Sin embargo, este delito se disparó en 2006, con el sexenio de Felipe Calderón, alcanzando un récord en 2011 de 4 mil 999 personas desaparecidas o no localizadas, situación que la administración de Enrique Peña Nieto tampoco supo enfrentar y terminó por exacerbar, contabilizando en 2017 un total de 8 mil 152 individuos bajo este estatus.

En 2020, año en que se suscitó la pandemia de coronavirus, la cifra incrementó a 8 mil 295, y en lo que va del 2021, se ha reportado la desaparición de 443 mujeres, de las cuales la mayoría tienen entre 15 y 19 años de edad, y de 834 hombres.

“Este riesgo se acrecienta cuando las mujeres son privadas de su libertad por motivos de salud. Asimismo, las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios y aquellas afectadas por la pobreza y las desigualdades sociales están particularmente expuestas a las desapariciones forzadas.

“Además, es necesario resaltar que el riesgo a la alza de desaparición viene a sumarse a la ya existente crisis de desaparición de mujeres y niñas que aqueja a nuestro país desde hace mucho”, expone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cada vez que una mujer adolescente sale de su casa, tiene más del 30 por ciento de probabilidad de no regresar, asegura en entrevista con Reporte Índigo, Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

“Ellas han quedado en medio de la guerra que vive el país contra el crimen organizado, donde son utilizadas y explotadas para diversos fines. Muchas se convierten en trofeos de guerra.

De igual manera, los grupos del narcotráfico son los que controlan la prostitución, por lo que esclavizar mujeres para fines de explotación sexual es una práctica común y algo que viene sucediendo desde hace años, Juan Martín Pérez García Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

De acuerdo con el director de REDIM, todos los días desaparecen en promedio 7 menores de edad y asesinan a otro tanto igual en México, sin embargo, las autoridades poco hacen para remediar esta situación y las cifras lo demuestran.

De cada 100 carpetas de investigación donde niñas, niños y adolescentes son víctimas de delitos como la desaparición forzada o la explotación sexual, solo 3 alcanzan algún tipo de proceso o sentencia.

“Esto tiene una implicación muy severa porque representa no solamente un crimen que está creciendo, sino que ratifica la impunidad”, explica Pérez García.

Redes de macrocriminalidad en desaparición de mujeres

La carencia de acciones por parte del Estado para revertir esta problemática, así como la falta de interés desde hace décadas de las autoridades para atender el delito de desaparición forzada y la trata de personas con fines de explotación sexual, solo se puede explicar de una forma: colusión.

“Es importante entender que estas son redes de macrocriminalidad, es decir, están involucrados empresarios, políticos y las fuerzas de seguridad, no es posible que las autoridades no sepan que existen casas de esclavas sexuales cuando no es un tema nuevo y está ampliamente documentado.

“No es secreto que muchas veces son los propios funcionarios públicos quienes están involucrados en estas redes de trata, para prueba tenemos el caso de Lydia Cacho”, ejemplifica Juan Martín Pérez García.

El experto en la materia, asegura que estos crímenes como tal no van a parar en tanto no se logre entender el contexto de violencia por el que atraviesa el país y los niveles de corrupción e impunidad que enfrenta, por el contrario, continuarán creciendo.

“En general, la violencia ineludiblemente aumentará en la medida en que la actual pandemia por COVID-19 afecte la estabilidad económica y social a nivel mundial; sin embargo, los efectos de dicha violencia no afectarán por igual a todas las personas, pues pone en situación de vulnerabilidad especialmente a las mujeres”, advierte el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

Información. Reporte Indigo.

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