Lucha de poderes por la industria eléctrica.

Las reformas a la industria eléctrica que busca realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y retirar beneficios a las compañías privadas, desataron un conflicto no solo entre el primer mandatario del país, los partidos de oposición y las empresas particulares, sino entre los poderes Ejecutivo y el Judicial.

Durante su conferencia matutina del día de ayer, el presidente leyó una carta que envió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en la que solicita al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), investigar la suspensión de la reforma emitida por el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro.

Estoy enviando una carta al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura Federal en el Poder Judicial, Andrés Manuel López Obrador Presidente de México.

“Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz. Se cumplió como pocas veces que la justicia tiene que ser expedita, hay quienes solicitan la suspensión, la suspensión de la justicia y tarda en ser atendido, pero aquí fue vía rápida”, dijo.

La embestida por parte del fundador de Morena en contra de Gómez Fierro, iniciada desde el jueves pasado cuando pidió se le “investigue por proteger a empresas privadas”, es calificada por Gonzalo Monroy, director general de GMEC y experto en materia energética, como un acto de intimidación.

“Una total amenaza del Poder Ejecutivo al Judicial, eso es lo que representa la carta que el presidente leyó el día de ayer en su conferencia matutina.

“Cuando salen el presidente y sus aliados a cuestionar cómo es posible que el juez dictaminara tan rápido la suspensión de la reforma a la industria eléctrica, la respuesta es obvia: fue así porque lo que se suspendió, ya había sido estudiado durante todo el año pasado y fue determinado como institucional por la propia Corte”, fundamenta.

Entender el presente de la reforma a industria eléctrica

En entrevista con Reporte Índigo, el director general de GMEC, explica que la ley que se aprobó con las reformas de López Obrador a la industria eléctrica, no surgió de la nada, sino que es el conjunto de una serie de acciones que poco a poco el Gobierno federal buscó implementar desde el inicio de la administración, y que una a una fueron cuestionadas, peleadas a través de juicios de inconstitucionalidad y amparos, y eventualmente declaradas violatorias de lo que marca la Carta Magna.

“A finales de 2019 se realizaron cambios muy polémicos para el otorgamiento de los certificados de energías limpias (CEL´s).

“En abril del 2020 se lleva a cabo el acuerdo del Cenace, donde se pretendía cambiar el despacho eléctrico, es decir, la forma en que se determina a quién se le compra la energía primero hasta satisfacer la demanda del país.

“Al mes siguiente, nace lo que se conoce como la política de confiabilidad, o la famosa ‘política Nahle’, cuya intención era privilegiar a CFE, relegando a varios participantes en el mercado”.

Sin embargo, a pesar de lo que se determinó en materia judicial, el presidente decidió recoger estos mismos principios y presentarlos como una iniciativa preferente, la cual llegó al Congreso de la Unión con la orden de ser aprobada sin cambiarle una coma, situación que nos llevó a la polarización energética que hoy enfrentamos, dice Monroy.

Lo que el presidente busca de fondo con estos cambios es modificar el orden en el que el gobierno compra energía a las empresas para dar prioridad a las de la CFE.

“La suspensión del juez Gómez Fierro es solo una de entre muchas otras que han frenado los cambios en materia energética que busca el presidente, porque él no dio el amparo a Greenpeace, por ejemplo, y la controversia constitucional que gana la Cofece la hace la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto no es solamente un juez el que está involucrado”.

Los últimos serán los primeros

La implementación de la contrareforma energética de la actual administración, provocaría daños irreparables a todo el sistema de competencia, no solo a las empresas, y también a la salud de los mexicanos, asegura Gonzalo Monroy.

El experto en materia energética, comenta que lo que el presidente busca de fondo con estos cambios es modificar la parte del despacho de electricidad.

Hoy con el formato que utiliza el gobierno, lo que se hace es que la energía que necesita el país se compra de manera escalonada a distintos proveedores hasta satisfacer la demanda, más lo que se requiera para las reservas.

“Con este criterio, las primeras plantas en ser despachadas son las renovables, primero va la eólica, luego la solar, las hidroeléctricas, las geotérmicas, entra la planta de Laguna Verde y después el corazón de todo el ciclo combinado, prácticamente todos privados que venden la electricidad a la CFE.

“En los últimos tres años, estos proveedores han sido suficientes para satisfacer la demanda del país, por lo que las empresas que se encuentran al final de la cola para poder vender la electricidad que producen, son aquellas que utilizan combustóleo, carbón y las de emergencia, que son las de diesel, las cuales son las de CFE y se queden sin vender, por lo que no tienen ingresos pero sí costos que pagar”.

La implementación de la contrarreforma energética provocaría daños irreparables a todo el sistema de competencia, no solo a las empresas, y también a la salud de los mexicanos.

Para solucionar esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere cambiar el orden, así la CFE puede garantizar la venta de su producto sin importar cómo se produce, si es la empresa más eficiente o si provoca un mayor daño al ambiente.

De acuerdo con el director general de GMEC, actualmente producir electricidad con combustóleo es cuatro veces más caro que con una planta eólica, y es a lo que se le daría prioridad de no declarase inconstitucional la ley promovida por el Ejecutivo en materia eléctrica.

Información. Reporte Indigo.

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