García Luna usó CEFERESO de Guanajuato para triangular recursos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que encontraron “potenciales irregularidades” en contratos que Genaro García Luna celebró con la empresa Nunvav Inc., compañía que fue ligada al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

La dependencia liderada por Arturo Herrera Gutiérrez informó que realizó una revisión de contratos que se firmaron entre 2012 y 2012 con esta empresa que, de acuerdo a su página, se dedica a brindar soluciones tecnológicas altamente especializadas en los campos de telecomunicaciones y software, energías limpias, agroindustria que opera en México, Panamá, Colombia  y Europa.

Durante este tiempo, esta empresa obtuvo cerca de 390 millones de dólares en nueve contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, mismos que se pagaron desde el fondo de seguridad pública y Nacional.

El contrato se hizo para que se suministrara, instalara, capacitara y se pusiera en marcha equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Social Federal 12 en Guanajuato.

Sin embargo, no existe la prueba o documento que confirme que el sistema fue liberado y puesto en marcha.

Pero no es todo, se estableció que los escenarios de los pagos, adeudos, fueron del 50% para que se sellara el contrato por 9 millones 924 mil dólares que fueron liquidados; el 20% contra entrega de equipos que suman 3 millones 969 mil dólares que también fueron pagados; y el 10% contra la entrega de servicios de instalación por un millón 984 mil dólares; y por último 20% por la liberación del sistema, puesta en marcha y capacitación por 3 millones 969 mil 600 dólares, estos dos últimos no fueron liquidados.

En la factura que se adeuda por 5 millones 954 mil 400 dólares con fecha del 15 de octubre del 2019, la empresa envió como testigo documental la capacitación que se brindó el pasado 28 de noviembre del mismo año que duró una hora y 37 minutos, misma que solo fue impartida por tres participantes que no formaban parte  ni forman parte de Prevención y Readaptación Social.

Tampoco existe evidencia de los trabajos que se realizaron y se pagaron al proveedor, de acuerdo a la Dirección General de Administración (DGA) del área de Prevención y Readaptación Social (PRS).

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, también se informó que dentro del contrato se incluyeron algunas especificaciones que impedían que los trabajos se terminaran durante el tiempo que se estableció.

Información. Periódico Correo.

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